Marcela Perez

Acusado de disponer de estupefacientes para la venta en una vivienda habitada por menores

En el procedimiento se secuestró marihuana. El hombre venía siendo investigado.

La fiscal penal de Embarcación, Gabriela Souto, imputó a un hombre por la supuesta comisión del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravado por el lugar de comisión. El acusado, asistido por la defensa oficial, optó por abstenerse de declarar, mientras que desde la Fiscalía se solicitó el mantenimiento de su detención para garantizar el avance de la causa.

La acción judicial se inició con la apertura de las actuaciones de prevención pertenecientes a la Sección de Investigación Narcocriminal, Sector N.º 44, de la ciudad de Embarcación. 

A través de una exhaustiva investigación previa, se constató que el imputado poseía tanto cocaína como marihuana con fines de comercialización, antes de su fraccionamiento.

La Fiscalía requirió al Juzgado de Garantías de 2º Nominación una orden de allanamiento para el inmueble del acusado, ubicado en el Barrio Santa Rosa de Lima de Embarcación. En cumplimiento de esta orden, el 17 de octubre de 2024, el personal policial irrumpió en el domicilio, encontrando al investigado en el lugar, junto a tres hijos menores de edad, y otras personas. 

Durante el operativo, el hombre arrojó un envoltorio grande de polietileno transparente que contenía sustancia vegetal disecada. Al ser interrogado, el imputado entregó un segundo envoltorio que tenía oculto en un mueble, entre prendas de vestir.

El allanamiento reveló elementos de interés para la causa, incluyendo una balanza gramera y envoltorios de polietileno transparente con sustancia vegetal disecada. El pesaje total de la marihuana secuestrada alcanzó los 314.5 gramos,.

Grooming

Acusado de Grooming fue detenido tras allanamiento

La denuncia fue realizada por el padre de una menor de edad. En las próximas horas, luego del control de legalidad, será imputado. 

La fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, dirigió este viernes un operativo realizado en un domicilio de Barrio El Tribuno, que culminó con la detención de un joven de 19 años, acusado del delito de grooming, delito tipificado y sancionado en el artículo 131 del Código Penal.

La investigación se originó a raíz de una denuncia presentada en septiembre por el padre de una niña de 10 años, quien descubrió en el celular de su hija imágenes y videos que el acusado habría solicitado mediante conversaciones en redes sociales. Avanzado el peritaje, se pudo determinar la existencia de conversaciones donde el acusado demuestra estar al tanto de la edad de la víctima.

Durante el allanamiento autorizado por el Juzgado de Garantías y llevado adelante por la Dirección de Ciberseguridad de la Policía de la Provincia , se incautaron dispositivos tecnológicos de comunicación y de almacenamiento, elementos que podrían haber sido utilizados en la comisión del delito.

La fiscal Cornejo destacó la importancia de realizar intervenciones tempranas en casos de ciberdelitos. “La naturaleza volátil de los datos digitales hace necesario obtener un registro inmediato en el lugar de los hechos, ya que estos pueden ser modificados o eliminados rápidamente, ya sea de forma intencional o accidental”, explicó. Además, puntualizó que la obtención temprana de estos elementos es crucial debido a las posibles demoras en la realización de pericias informáticas, las cuales suelen extenderse debido al volumen de dispositivos pendientes de análisis. «La captura inicial de datos en el lugar de los hechos nos permite contar con información preliminar que puede ser fundamental para la dirección de la causa», agregó.

Acusado de estafar a una menor de edad

El hombre cuenta con antecedentes delictivos. Mediante engaños, se apropió de su teléfono celular

El fiscal penal 2, Ramiro Ramos Ossorio, imputó a un hombre de 45 años por el presunto delito de estafa en perjuicio de una menor de 17 años. Los hechos ocurrieron el 22 de agosto en la intersección de las calles Entre Ríos y Sarmiento, donde el acusado, mediante engaños, logró sustraer el celular de la víctima, el cual contenía $20.000 en su funda.

Según la denuncia presentada por la madre de la joven, el acusado se acercó a ella mientras circulaba en bicicleta, solicitando indicaciones sobre una calle. Aprovechando la situación, le mostró una bolsa verde que parecía contener dinero, proponiéndole dividirlo. 

Posteriormente, se dirigieron al Hospital del Milagro, donde el hombre pidió a la menor que entrara al baño para repartir el supuesto dinero, solicitando su teléfono como «garantía». Al descubrir que el dinero era falso, la joven salió y notó que el acusado había huido con su celular.

Las cámaras de seguridad del SE911 captaron al acusado junto a la víctima en el momento del hecho, lo que permitió a la policía identificarlo tratándose de una persona con antecedentes delictivos. 

A solicitud del fiscal Ramos Ossorio, el 16 de octubre pasado, la policía allanó su domicilio en el barrio Solidaridad. El imputado intentó escapar por los techos, pero fue detenido.

Intentó llevarse una moto, pero fue interceptado por el dueño

El hombre fue sorprendido por el propietario del vehículo. Posteriormente, se presentó ante la policía.

El fiscal penal 2, Ramiro Ramos Ossorio, imputó a un hombre de 29 años por el delito de robo calificado de vehículos dejados en la vía pública en grado de tentativa. El incidente ocurrió el 16 de octubre en la intersección de las calles Pueyrredón y Vicente López, cuando el acusado intentó sustraer una motocicleta.

Según la denuncia del damnificado, había estacionado su motovehículo en Pasaje Zorrilla, asegurada con un traba disco y traba volante. Aproximadamente una hora después, al salir de clases, escuchó la alarma de su rodado. 

Al acercarse, encontró a un hombre intentando llevarse la motocicleta, pero debido al dispositivo de seguridad en la rueda, no podía moverla.

El propietario confrontó al sujeto, quien adoptó una postura amenazante. Ante la intervención de compañeros del Instituto, el acusado huyó a pie en dirección a la comisaría 1º, donde se presentó espontáneamente y fue demorado por la policía.

Testigos del hecho corroboraron lo sucedido. Uno de ellos confirmó que el acusado intentó agredir al damnificado antes de huir, derribando otras motocicletas a su paso.

Acusado de intentar ingresar estupefacientes a un detenido

El hecho ocurrió el pasado domingo durante la visita de familiares. El hombre de 20 años admitió su responsabilidad.

La fiscal penal N.º 1 de Orán, Alda Daniela Murúa, imputó a un hombre de 20 años por la supuesta comisión del delito de suministro de estupefacientes agravado, en grado de tentativa, al intentar introducir sustancias prohibidas en un lugar de detención.

Los hechos ocurrieron el 13 de octubre, cuando un individuo se presentó en la guardia de la Base de la Brigada, ubicada en calle 9 de Julio, donde se recibe el racionamiento para los detenidos que hacen llegar sus familiares o conocidos. El hombre portaba un paquete que contenía hojas de coca destinadas a un interno.

Al realizar un registro superficial del paquete, el personal policial constató que contenía restos de una sustancia vegetal en forma de picadura, que posteriormente fue identificada como marihuana. Ante esto, se procedió a su detención.

En la audiencia de imputación, el acusado fue asistido por la defensa oficial y reconoció los hechos. La fiscal Murúa solicitó que se mantenga su detención.

Orán: Condenado a seis años de prisión por violento asalto a un policía

La víctima esperaba en la madrugada un móvil policial para ser trasladado a un operativo. Para arrebatarle su teléfono celular, lo hirieron con dos puñaladas.

La fiscal penal 1 de Orán, Daniela Murúa, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de juicio abreviado que culminó con la condena de Pablo Hernán Segundo (29) a seis años y cuatro meses de prisión efectiva por el delito de robo calificado por el uso de arma y agravado por la participación de un menor de edad. Ademas, se declaró responsable a Jorge Juan Ignacio Rivero (18) quien era menor al momento del hecho, por robo calificado por el uso de arma, en el proceso que fue presidido por el juez Héctor Fayos, de la Sala II, Vocalía 3.

El incidente que dio origen a la investigación fiscal tuvo lugar el 28 de enero de 2024, en la ciudad de Orán. La víctima, un agente de la Policía de Salta asignado al área investigativa Narco Criminal 21, se encontraba cumpliendo su turno de seguridad en el evento «Corsos Color 2024». En horas de la madrugada, el uniformado fue notificados para asistir a un procedimiento por infracción a la Ley de Estupefacientes. El punto de encuentro se fijó en la escuela Patrón Costas, sobre la calle Laprida, donde debía abordar un móvil policial.

Mientras el damnificado esperaba la llegada del móvil policial, fue interceptado por dos hombres que le exigieron la entrega de su teléfono celular. Al resistirse, uno de ellos comenzó a forcejear con él, mientras el otro esgrimió un arma blanca y lo hirió con dos estocadas en el pecho, afectando la región axilar izquierda. Pese a las lesiones, los delincuentes lograron sustraer el teléfono celular y huyeron.

El agente herido, persiguió a los agresores, identificándose como policía y dando la voz de alto. Sin embargo, ambos lo atacaron arrojándole piedras, logrando finalmente escapar.

La investigación sobre el hecho se inicio con el análisis de las grabaciones de las cámaras de seguridad y averiguaciones en el barrio San Expedito, logrando identificar a los responsables, ambos conocidos en la zona por sus antecedentes delictivos.

La identidad de los sospechosos fue confirmada además por declaraciones de familiares y la ex pareja de Segundo, quien afirmó que había escuchado que él había robado un teléfono celular y lo estaba ofreciendo a cambio de drogas.

Tartagal: Condenada por estafa al recibir una moto que no le pertenecía

Recibió por error dos motovehículos secuestrados y, al ignorar las solicitudes de devolución, fue allanada. Para entonces, el vehículo ya no estaba en su poder.

El fiscal penal 2 de Tartagal, Rafael Medina, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de juicio abreviado que culminó con la condena de Ivana Echazú por el delito de estafa. La jueza Soledad Rodríguez, de la Sala I del Tribunal de Juicio, le impuso una pena de un año de prisión de ejecución condicional, junto con el cumplimiento de reglas de conducta.

Durante la audiencia, Echazú confesó ser la autora material y responsable del hecho por el cual fue acusada.  Como reparación entregó una moto al Tribunal de Juicio Sala 2 a cargo de la jueza Sandra Sánchez.

El caso se remonta al 26 de julio de 2021, cuando desde el Tribunal de Juicio de la Sala II se autorizó la entrega a la mujer de su motocicleta, junto con otro rodado, ambas secuestradas en el marco de una causa judicial.

Al día siguiente, se presentó en el depósito de secuestro del Poder Judicial en Tartagal, donde el encargado le entregó las motocicletas y firmó un acta de recepción. 

Sin embargo, posteriormente, comenzó a recibir citaciones del Juzgado solicitando la devolución de la motocicleta que no le pertenecía, pero no se presentó.

Finalmente, el 16 de agosto de 2024, la Brigada de Investigaciones allanó su domicilio en busca del vehículo entregado por error, pero la imputada ya lo tenía en su poder.

Barrio Unión: Imputado tras denuncias de vecinos por agresiones y amenazas

El acusado habría sido protagonista de distintos hechos delictivos contra personas de esa barriada. Además, opuso feroz resistencia durante su detención.

El fiscal penal 1, Pablo Paz, formalizó la imputación de un hombre de 30 años por la comisión de los delitos de amenazas, amenazas con arma, resistencia a la autoridad, y amenaza con arma y coacción agravada por el uso de arma en concurso real, tras una serie de denuncias presentadas por vecinos del barrio Unión.

La intervención de la Fiscalía se inició a raíz de una denuncia presentada el 4 de octubre por una vecina, quien relató que mientras sus hijos se dirigían a la escuela, uno de ellos resultó lesionado por vidrios rotos en la vereda de la vivienda del acusado. Al intentar auxiliar a su hijo, la mujer observó a un móvil policial dialogando con el denunciado, quien fue identificado en ese momento. Sin embargo, el acusado comenzó a proferir insultos hacia la denunciante y la agredió verbalmente, junto a su expareja y su hermana.

La situación se intensificó cuando, al llegar a su hogar, el acusado volvió a agredir a la denunciante y la amenazó nuevamente. A pesar de la intervención de una vecina, el ataque verbal continuó. Posteriormente, al dirigirse a la comisaría a formalizar su denuncia, la mujer fue seguida por el imputado, quien le lanzó una botella de plástico, aunque no le causó lesiones.

Ese mismo día, otra denuncia relacionada con el acusado fue presentada, donde se alegó que amenazó a un hombre y agredió físicamente a su hermana. Esta última denunciante, quien se encuentra en el sexto mes de embarazo de alto riesgo, expresó su temor por las amenazas del acusado, a quien describió como una persona agresiva que había sido recientemente detenida y que, en el momento del hecho, parecía estar bajo los efectos de sustancias estupefacientes.

El informe policial confirmó que, tras recibir llamados alertando sobre la presencia del acusado con un arma de fuego, se verificó la situación. En una primera intervención no se encontró ningún arma, pero luego, ante múltiples reportes de disturbios, se procedió a su detención. Durante el procedimiento, el acusado mostró resistencia, lanzando objetos contundentes contra la unidad policial y sacando un arma blanca de gran tamaño, con la cual realizó gestos amenazantes. Al intentar aprehenderlo, el individuo respondió con golpes de patadas contra los efectivos.

Fue entonces, que  vecinos cercanos al acusado intentaron obstruir el operativo arrojando objetos al personal, lo que obligó a los agentes a replegarse con el detenido y trasladarlo en el móvil policial.

Tres hombres condenados a cuatro años de prisión por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización

La sustancia estupefaciente que tenían en su poder estaba destinada a ser distribuida. Fueron detenidos tras un allanamiento en un domicilio.

El fiscal penal 1 de Tartagal, Pablo Cabot, representó al Ministerio Público Fiscal durante la audiencia de juicio en la que tres hombres fueron condenados a cuatro años de prisión efectiva por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

La sentencia contra Daniel Héctor Sánchez (30), Donato Sánchez (25) y Mario Sánchez (53) fue dictada por el Tribunal de Juicio Sala 1 del Distrito Judicial Tartagal, presidido por el juez Aníbal Burgos. Los condenados serán trasladados a la Alcaidía N° 2 de Tartagal y, una vez firme la sentencia, serán alojados en la Unidad Carcelaria N° 5.

Los tres imputados fueron detenidos el 17 de octubre de 2023, en la localidad de General Enrique Mosconi, como resultado de un operativo realizado por la Sección Investigación Narco Criminal N° 42. 

Durante el allanamiento se incautaron 60 envoltorios de polietileno con sustancia pulverulenta amarillenta y cuatro envoltorios con sustancia granulada. Tras ser sometidas a prueba de narcotest, las sustancias resultaron positivas para cocaína, con un peso total de 48,60 gramos. Además, se secuestraron teléfonos celulares, dinero en efectivo y otros elementos vinculados a la comercialización de estupefacientes.

Se recibieron testimoniales en el marco de la causa por la visita irregular a la Unidad Carcelaria de Orán

Declararon Mario Moreno y Oscar “Cabezón” Diaz. Se remitieron oficios para obtener detalles del desempeño de Benjamín Cruz y Darío Monges en organismos estatales.

En el marco de la causa que se lleva adelante por la visita irregular a un procesado provincial en la Unidad Carcelaria 3 de la ciudad de Orán, el fiscal penal 2, Ramiro Ramos Ossorio, recibió este martes, el testimonio de Mario Moreno, quien fue citado a declarar a partir de información obtenida en el debate que se desarrolla en el ámbito de la Justicia Federal por el homicidio de Darío Monges. 

Este jueves también declaró Oscar Alberto Alejandro “Cabezón” Díaz. El sicario afirmó no conocer al entonces secretario de Seguridad, Benjamín Cruz, ni al ministro de Seguridad, Abel Cornejo. Durante su declaración, manifestó que no había tenido relación previa con Darío Monges hasta el día en que este se presentó en la Unidad Carcelaria. 

Interrogado por su vinculo con Cristian “el Gringo” Palavecino, Díaz negó cualquier relación, señalando que sólo lo conocía de haber vivido en el mismo barrio y  jugado al fútbol en alguna ocasión.

En la continuidad de la investigación, se ofició a la Municipalidad de Salta, al Ministerio de Seguridad, y a la Secretaría de Gobierno de la provincia, para requerir información pertinente.