Ampliaron la imputación penal contra el intendente Fermani

A partir de nuevas pruebas, las que surgieron de la investigación que lleva adelante la Fiscalía Penal de Joaquín V. González, ayer se amplió la acusación penal contra el intendente de Las Lajitas, Alberto Fermani, por los delitos de “fraude a la administración pública” y “falsedad ideológica”.

Esta medida procesal, según lo informado por el fiscal penal de esa ciudad, Gonzalo Gómez Amado, se extendió también a Estelina Aguirre, quienes junto a Marisel Alvarez y Eduardo Paiva, ya había sido imputados por la venta irregular de dos viviendas que debían haber quedado en el patrimonio de la provincia, pero fueron vendidas por los acusados.

Por este hecho, el fiscal Gómez Amado imputó el 16 junio pasado a los acusados los delitos de “asociación ilícita en concurso real con enriquecimiento ilícito de funcionario público, imputable a Fermani y Aguirre y en perjuicio de la administración pública”.

La causa penal surge de un expediente que fue girado por Ministerio de Salud Pública, en ese entonces a cargo de Néstor Enrique Heredia, quien puso de manifiesto la irregularidad detectada en la localidad de las Lajitas respecto al uso y destino de dos viviendas, las cuales eran entregadas en comodato a los médicos para que pudieran alojarse en las mismas durante el tiempo que prestaban servicio en el hospital de esa ciudad.

En las actuaciones, se pudo establecer la construcción de tres viviendas con fondos nacionales, con la condición de que posteriormente las mismas queden en manos de la provincia. Una de esa casa quedó luego de varios comodatos en manos de la Municipalidad de Las Lajitas.

Las otras dos, en tanto, se utilizaron para el destino por las cuales fueron construidas, según informó el fiscal. Esto sucedió hasta el año 2013, cuando se advierte que las dos casas se registraron a nombre de un particular, quien a su vez vendió los inmuebles, produciéndose una cadena de ventas hasta que quedaron en manos de Fermani y Aguirre.

En vista de ello, la fiscalía de Joaquín V. González llevó adelante la imputación contra los acusados, como así también avanzó con otras medidas de pruebas tendientes a conocer en detalle las supuestas maniobras. A tal fin, ordenó distintas medidas tendientes a reunir toda la documentación del caso, entre ellas los decretos de entrega de los fondos a la Municipalidad de Las Lajitas para la construcción de los inmuebles hasta los numerosos comodatos que se firmaron cada vez que la vivienda era utilizada por distintos profesionales.

No declararon

En los últimos días, y a partir del resultado de las nuevas pruebas producidas, el fiscal decidió ampliar la imputación penal en contra de Fermani y Aguirre, medida procesal que se cumplió ayer a la mañana, en la cual los acusados se abstuvieron de prestar declaración indagatoria, aunque adelantaron que lo harán posteriormente por escrito.

Las nuevas imputaciones, por los delitos de falsedad ideológica y fraude a la administración pública, surgen, según informó el fiscal, de irregularidades que fueron detectadas en las escrituras de compraventa que fueron realizadas en torno a los dos inmuebles investigados.

Al respecto, el fiscal señaló que “la atribución de responsabilidad surge del contenido de los instrumentos públicos (Escritura Publicas) correspondientes a los catastros 3195 y 3196”. En estos documentos, agregó, “surge inequívocamente las sucesivas compraventas de un lote, entendiéndose como tal un terreno urbano libre de edificación, ya que en las respectivas escrituras públicas de los inmuebles 3195 y 3196 no surgen constancias de plano de construcción, afirmado de manera categórica y contundente por el escribano, Eduardo Arturo de Bairos Moura”.

Testigo

Gómez Amado explicó que este testigo, al prestar declaración, afirmó que “los acusados no le informaron jamás que en esos lotes habían viviendas. Que de haber manifestado…los compradores Sres. Paiva Eduardo Daniel; Alvarez, Marisel del Milagro; Fermani Antonio Alberto ni Aguirre Estelina,… que en los lotes habían viviendas, se hubiere dejado constancia de ello, agregándose los planos de construcción en su caso, que es un requisito obligatorio….”.

En vista de ello, el fiscal dejó claro que “el delito perpetrado por los acusados recae exclusivamente sobre el contenido de representación del documento, pues exhibidas estas escrituras públicas en el ámbito de ésta Delegación Fiscal Penal resultan absolutamente auténticos, tanto sus formas como los otorgantes pero incorporan de manera acabadamente probada declaraciones falsas sobre hechos a cuya prueba están destinados.”.

Asimismo, indicó que “cabe traer a colación también que la existencia y construcción de viviendas en las matriculas 3195 y 3196 surgen de los contratos de comodatos celebrados a favor de los acusados en calidad de comodatarios y del Ministerio de Salud Publica en calidad de comodantes, contratos firmados por los acusados, datado, fechado y sellado, lo cual otorga fecha cierta a los instrumentos públicos”.

“La fiscalía sostiene que resultaría acreditado que el imputado Alberto Antonio Fermani y la acusada Estela Amada Aguirre, (ambos Funcionarios Públicos) han obrado sin la transparencia y probidad de la administración pública, procediendo al quebrantamiento de la rectitud requerida en la función pública, procediendo al traspaso de los bienes del estado provincial a su favor.”.

En virtud de ello, Gómez Amado sostuvo que “los acusados Fermani, Alberto Antonio y Aguirre, Estelina Amada han utilizado medios hábiles y mañosamente urdidos que indujeron a error, siendo aptos para constituir ardid, configurativo del presente delito penal que se imputa en perjuicio de la administración pública, quebrantando el deber de fidelidad que debe poseer todo funcionario en el ejercicio de sus funciones públicas.”.