Condenado en dos causas por violencia de género y amenazas

La primera causa involucra graves hechos de violencia física y psicológica contra una mujer con la que el acusado mantuvo una relación de pareja. La segunda se refiere a amenazas y lesiones perpetradas contra un abogado.

Por expresa disposición del fiscal penal de Violencia Familiar y de Género 2, Gabriel Portal, la auxiliar fiscal María Virginia Bortolotto representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia correspondiente a la causa en la que resultó condenado Carlos Alberto Infante Roldán por los delitos de robo, lesiones leves agravadas por la relación de pareja previa y por mediar violencia de género (en dos hechos), y privación ilegítima de la libertad agravada, en perjuicio de su expareja. Además, fue condenado por amenazas (dos hechos), lesiones leves y desobediencia judicial en el marco de otra causa tramitada en la Fiscalía Penal 2, a cargo del fiscal Ramiro Ramos Ossorio, quien había solicitado la elevación a juicio.

En la primera causa, la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género intervino tras la denuncia de la expareja del acusado, quien relató que en octubre de 2024 fue encerrada, golpeada y amenazada con un cinturón y un cuchillo, hasta perder el conocimiento. Finalmente, logró escapar y denunciar los hechos.

Días después, el acusado volvió a agredir físicamente a su pareja, hechos que quedaron constatados en la historia clínica, donde se describen múltiples hematomas de varios días de evolución.

En febrero de 2025, se produjo un nuevo episodio de violencia cuando, tras una discusión, el agresor empujó a la víctima, le sustrajo su celular y una billetera con una suma considerable de dinero. Luego, en la vía pública, la golpeó con una patada que la hizo caer sobre la calzada. La mujer fue auxiliada por transeúntes y se dirigió nuevamente a la comisaría. En el intento por recuperar sus pertenencias, fue perseguida por el agresor, quien finalmente fue detenido por personal policial.

En la segunda causa por la que fue condenado, la Fiscalía Penal N.º 2 había solicitado la elevación a juicio contra el acusado, imputado por amenazas reiteradas, lesiones y desobediencia judicial en perjuicio de un abogado.

Los hechos comenzaron en marzo de 2024 con una serie de amenazas graves vía mensajes de texto, que incluían referencias a la hija menor del damnificado y amenazas de muerte explícitas. A pesar de existir medidas cautelares, el hombre incumplió las restricciones judiciales impuestas.

El 12 de agosto, el acusado agredió físicamente al denunciante en la vía pública, en las inmediaciones de un gimnasio céntrico. Sufrió lesiones múltiples, incluyendo traumatismos craneales, hematomas y cortes en el rostro, debiendo ser hospitalizado. El ataque fue presenciado por un testigo que intervino para detener la golpiza.

Posteriormente, el imputado continuó con amenazas a través de WhatsApp y hostigamientos en el entorno del colegio donde asisten sus respectivos hijos. En uno de los episodios, el condenado habría seguido con su automóvil al damnificado durante varios minutos, incumpliendo nuevamente las restricciones judiciales vigentes.

En consecuencia, la jueza Ada Zunino le impuso una pena de dos años de prisión de ejecución condicional, sujeta al cumplimiento de estrictas reglas de conducta durante ese período. Se le ordenó fijar domicilio y no modificarlo sin previa autorización judicial, participar en el Programa para Agresores del Ministerio Público Fiscal, y mantener la prohibición de acercamiento a ambos damnificados. También se le prohibió ejercer actos de violencia física o psicológica hacia las personas involucradas y establecer cualquier tipo de contacto por cualquier medio.

Cabe destacar que su expareja optó por no hacer uso del dispositivo de alerta (botón de pánico). Asimismo, se advirtió al condenado que, en caso de trasladarse a otras provincias, deberá informar tal circunstancia a las autoridades judiciales. El incumplimiento de cualquiera de estas condiciones podrá derivar en la revocación de la condicionalidad de la pena.