En la séptima jornada del juicio por la presunta red narcocriminal en el penal de Villa Las Rosas, el funcionario aseguró que las puntas secuestradas en la oficina de Jefatura no son puntas, que no están prohibidas y que los internos las usan para sacar punta a los lápices. Dijo que, para él, las puntas tienen más de 40 centímetros o son arpones de más de un metro de largo.
El Tribunal de Juicio, integrado por los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Javier Aranibar, ordenó la detención de Marcelo Romero, subdirector de la Unidad Carcelaria 1, hasta el cierre de la audiencia. La medida se adoptó ante el pedido de la Unidad Fiscal -integrada por el procurador general el procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, y los fiscales Ana Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto- de relevarlo de su juramento, al considerar que con su declaración se estaría autoincriminando y configurando un incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Tras un cuarto intermedio, el Tribunal dispuso su liberación. El Ministerio Público Fiscal, por su parte, adelantó que solicitará que se investigue al testigo.
Romero fue el primer testigo de la jornada del juicio contra veinte personas acusadas de integrar una red narcocriminal que operaba en el penal de Villa Las Rosas. Desde el 12 de enero de 2023 ocupa el cargo de jefe del Departamento de Tratamiento y Vigilancia.
En su declaración, explicó que las requisas a los internos se realizan de forma general o sorpresiva, sin previo aviso al jefe del pabellón. Detalló que, en caso de secuestro de celulares, droga o puntas carcelarias, se labra el acta de sumario correspondiente y los elementos son trasladados por el sumariante. Indicó que los celulares se remiten con cadena de custodia y que las puntas quedan en la oficina de Sumarios para su posterior destrucción, sin que puedan permanecer en la oficina del jefe de pabellón.
Las “puntas carcelarias” son elementos punzo-cortantes, habitualmente utilizados entre los internos como armas, en eventuales enfrentamientos entre los reclusos.
Consultado sobre las puntas secuestradas en el escritorio del jefe de pabellón, identificado como Bisceglia, señaló que, a su criterio, “no son puntas sino punzones chicos” y que no se trata de elementos prohibidos. Aclaró que distingue dos tipos de puntas: las tipo «arpón», de más de un metro, elaboradas por internos con palos, y otras de más de 40 centímetros.
La Fiscalía solicitó la exhibición de fotografías de los elementos secuestrados. Tras observarlas, Romero ratificó que no reúnen las características de puntas y afirmó que “los presos las usan para sacar punta al lápiz”.
Sobre el escritorio donde fueron hallados, explicó que no es de uso exclusivo del jefe de pabellón, sino que también lo utilizan él y otras cinco personas, entre ellas Clemente, Zanier y Maita. Consultado sobre si había indagado por qué se encontraban allí los elementos, respondió que no lo hizo.
En cuanto a los celulares secuestrados el día del allanamiento, dijo recordar un solo aparato, de uso institucional, que estaba desarmado. La Unidad Fiscal solicitó que conste en actas que se habían secuestrado varios aparatos.
Durante su testimonio, sostuvo que el consumo de drogas en el penal había aumentado considerablemente y que antes los internos consumían a escondidas en los baños, situación que ya no se repite. Indicó que semanas atrás se habían secuestrado más de 200 dosis de pasta base.
Afirmó que la mayor cantidad de droga ingresa por los muros, mediante el sistema denominado “voleo” o “paloma”. Explicó que, aunque las cámaras permiten identificar al interno receptor, no pueden actuar porque la droga desaparece de inmediato. Señaló que la coordinación para estos ingresos probablemente se realice por teléfono celular y que también se introduce droga a través de las visitas.
Al ser consultado sobre el interno que prestó testimonio el viernes pasado, quien aseguró que había sido golpeado y encerrado por él en una celda de aislamiento por 60 días tras declarar en contra de los miembros del Servicio Penitenciario, Romero negó los hechos. Manifestó que se trata de maniobras del interno, que es adicto y que inventa situaciones para poder salir al Ragone. Precisó que sí había sido trasladado al Pabellón G, que es para presos con mala conducta, pero que esto había sido decidido previo a su declaración en la Fiscalía.
En cuanto al otro interno, que le había pedido audiencia para poder recibir visitas, dijo que le indicó que se lo solicitara por escrito. Consultado sobre si se había hecho efectiva, manifestó que nunca le presentó la nota y que él “todos los días está a full y se le pasó preguntar”.
Por su cargo de vicedirector, Romero preside el Consejo Correccional, organismo encargado de evaluar el concepto y la conducta de los internos que solicitan beneficios como salidas a extramuros, transitorias o prisión condicional.
Respecto del personal acusado, consideró que los imputados Bisceglia y Guaymás tenían una conducta aceptable. Agregó que mantiene un fuerte enfrentamiento con Carina Torres, la exdirectora general del Servicio Penitenciario que denunció a la red ante el Ministerio Público Fiscal, a quien también denunció.
Luego declararon familiares de internos de la UC1. Una de ellas señaló que realizó, a pedido de su hijo, transferencias de dinero a distintos números de CBU que le pasaba su hijo. Una mujer agregó que se reunió en la terminal de ómnibus con un miembro del Servicio Penitenciario para entregarle un teléfono celular destinado a su hijo y dinero en efectivo por el ingreso.
También prestaron testimonio tres empleados del Servicio Penitenciario que desempeñaban tareas administrativas en el Consejo Correccional y habían trabajado con el acusado Guaymás. Indicaron que, durante el período investigado, no se realizaron reuniones del Consejo.
Uno de ellos contó que, al incorporarse al área, aprendió las tareas siguiendo las indicaciones de Guaymás y reconoció que nunca leyó el Reglamento del Servicio Penitenciario.