El Procurador General acompañó el anuncio de la segunda etapa del Plan Güemes

Será una tarea integrada entre Aguaray, Tartagal y Salvador Mazza, donde el Regimiento de Infantería de Montaña del Ejército Argentino, servirá como base logística y se trabajará con tecnología, en una zona con una fuerte dinámica migratoria y comercial, señaladas como corredores críticos para el tráfico ilegal de mercancías y sustancias.

El procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, participó hoy en el acto de lanzamiento de la ampliación del Plan Güemes, encabezado por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, el ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri y el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, en el Escuadrón 52 «Tartagal» de Gendarmería Nacional, que marca la incorporación de un nuevo tramo del plan, que abarcará las localidades de Tartagal, Aguaray y Salvador Mazza, profundizando el despliegue en la zona de la Frontera Norte.

El Regimiento de Infantería de Montaña 28 (RIMte 28), con base en Tartagal, colaborará en tareas logísticas, de patrullaje y control territorial, en coordinación directa con Gendarmería, Policía Federal y fuerzas provinciales, y se incorporarán nuevas tecnologías de vigilancia e inteligencia artificial para enfrentar delitos complejos que afectan a la región, como el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas.

En primer lugar, el ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, dijo que éste era un día trascendente para la seguridad de los argentinos, «porque cada vez que el Estado interviene, y se involucra en el control y vigilancia de la frontera, los argentinos están más seguros y pueden vivir en paz, si somos efectivos a la hora de controlar.»

Remarcó que «muchos de los delitos graves tienen una gestación transnacional. No alcanzan esfuerzos aislados, debe existir un Estado fuerte, como el plan Banderas», que se implementó en Santa Fe. Finalmente felicitó al Gobierno de la Provincia de Salta por el trabajo articulado y a su Gobernador, «que no mira al costado».

A su turno, Bullrich destacó que esta nueva etapa marcará un cambio de enfoque en la política de seguridad de frontera, como un estrategia de soberanía y control estatal sostenido.

Recordó que el Plan Güemes nació de una necesidad planteada por el gobernador Sáenz, ante una frontera que no tenía ni la cantidad de fuerzas de seguridad ni la tecnología necesaria y que esta decisión comenzó en Orán y Aguas Blancas, donde el crimen organizado hacía estragos, considerando que hubo siete asesinatos por sicariato.

Aludió a las organizaciones criminales que se estaban asentado, intentando ganar territorio y aseguró que no habrá «un milímetro de tierra argentina bajo el dominio de las bandas criminales».

Enfatizó que el Plan Güemes arrancó con medidas de fondo, tomadas por la Justicia de la Provincia de Salta. «Hemos logrado en pocos meses lo que usualmente tomaría años» aseguró, e hizo mención especial a la situación del exintendente de Aguas Blancas, quien tenía un ducto de control del contrabando y el narcotráfico, al igual que su abogado, y otros miembros de la Justicia, que «formaban parte del problema» y que hoy se encuentran presos. «Estamos volviendo a la legalidad», afirmó.

A su turno, el gobernador Sáenz aseguró que “El Plan Güemes llegó para quedarse y para darnos, como lo hizo nuestro General, la libertad contra los delincuentes, narcotráfico, trata, lavado de activos. Esta lucha es un hecho, no palabras. Las estadísticas son las que mandan, no mienten; los números lo muestran”.

En declaraciones a la prensa, García Castiella señaló que por el bienestar de los salteños y de las generaciones futuras, es imprescindible continuar luchando sin descanso, para garantizar una provincia en paz y recalcó que es política del Ministerio Público Fiscal, la lucha denodada para combatir al narcotráfico y al crimen organizado en la extensa frontera norte.

Remarcó que no se trata de un hecho aislado, sino de una estrategia de política criminal que el Ministerio Publico Fiscal ha decidido llevar adelante desde hace tres años, con convicción, planificación y responsabilidad. Una política que parte de un diagnóstico claro: durante años, el crimen organizado aprovechó el abandono estatal para expandirse en la frontera norte.

“Por eso tomamos una decisión estructural: desarrollar una política criminal basada en la prevención inteligente, el control territorial efectivo, el despliegue operativo sostenido y la articulación con los Ministerios Públicos Fiscales y los Poderes Judiciales, tanto provincial como federal, para garantizar respuestas penales rápidas y eficaces”, sostuvo.

Y concluyó: “No se trata solo de controlar, sino de construir un Estado presente que, con firmeza y dentro del marco legal, recupere cada centímetro del territorio y le devuelva a las comunidades la tranquilidad y el derecho a vivir sin miedo”.

Acompañaron al Procurador, la secretaria de Superintendencia de la Procuración General, Belén Rubio; el coordinador de Fiscales, Pablo Rivero; la directora del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) Gabriela Buabse y los fiscales penales de Tartagal Gonzalo Ariel Vega, Pablo Cabot y Lorena Martínez; el fiscal penal de Salvador Maza, Jorge Armando Cazón y la fiscal civil Rosa Vélez Román.