Declararon este jueves efectivos que participaron de la investigación y vecinos de la víctima. Se pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo jueves 28. Ese día declarará un médico legal citado como testigo y también lo hará el imputado Néstor Tobar. Luego se dará lugar a los alegatos de las partes.
Foto Poder Judicial de Salta
El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Vega, representa al Ministerio Público Fiscal ante la Sala I del Tribunal de Juicio de ese distrito, en la audiencia de debate contra Néstor Alan Tobar, “Tato” y Renzo Delfín Sabán como coautores del delito de homicidio calificado por la violencia de género y el concurso premeditado de dos o más personas en perjuicio de Elvira Sabán.
Durante la jornada de este jueves, se continuó con la ronda de testimoniales, donde declararon efectivos policiales que participaron de la investigación y vecinos de la víctima.
La jueza Sandra Sánchez dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo jueves 28. Está previsto que ese día declare un médico legal citado como testigo y el imputado Néstor Tobar. Luego se dará lugar a los alegatos.
Cuatro hombres y dos mujeres serán juzgados desde el miércoles 27 por un homicidio ocurrido en octubre de 2019, cuando la víctima, que circulaba en un vehículo con su pareja, fue interceptado por otras personas a bordo de una motocicleta y recibió una herida de arma de fuego que le provocó la muerte.
La fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, Claudia Carreras, representará al Ministerio Público Fiscal ante la Sala II del Tribunal de Juicio de ese distrito, en la audiencia de debate contra Juan Ricardo Acosta Martínez, Eric de la Cruz Olivera, Braian Andrés Beltran Morales y Jorge Bernardo Alexis Romero como coautores del delito de homicidio doblemente calificado por precio o promesa remuneratoria y por el concurso premeditado de dos o más personas en perjuicio de Diego Parada y contra Lorena Elisa Rivero y Elizabeth Lorena Azua como autoras del delito de encubrimiento.
El Tribunal colegiado estará integrado por los jueces Raúl Fernando López, María Laura Toledo Zamora y Héctor Fabián Fayos. Según el calendario establecido, alrededor de 30 personas fueron citadas a declarar entre los días 27 y 28 de abril y el 6 de mayo próximos.
Cabe recordar que la fecha de inicio fijada por el Tribunal era el 20 de abril, pero por razones de salud de uno de los jueces, se reprogramó.
El hecho juzgado
ocurrió el 21 de octubre de 2019 alrededor de las 21 en la intersección de
calles Chaco y Santa Fe de la ciudad de Orán, cuando Diego Parada, que se
desempeñaba como bagayero, fue interceptado cuando circulaba en un vehículo con
su pareja, por personas a bordo de una motocicleta y recibió una herida de arma
de fuego.
El hombre fue
trasladado al hospital local, donde falleció luego por shock hipovolémico por
herida de arma de fuego en uno de sus hombros.
Se requirió juicio para Luis Enrique Rebilla por el homicidio doblemente calificado de Susana Zerpa, ocurrido en octubre de 2021. La mujer de 65 años fue encontrada sin vida en el interior de su local comercial, ubicado en la zona céntrica de esa ciudad.
El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Vega, requirió juicio ante el Juzgado de Garantías 1 de ese distrito, para Luis Enrique Rebilla como autor del delito de homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género en perjuicio de Susana Zerpa.
Según consta en las actuaciones, una vecina reportó que Zerpa no había regresado la noche del jueves 30 de septiembre de 2021 a su domicilio y ante su llamada de alerta, fue encontrada sin vida en el interior de su local comercial ubicado en la calle Güemes al 500 de la ciudad de Tartagal.
Tras la lectura del requerimiento a juicio fiscal, los acusados manifestaron al Tribunal de la Sala IV de Juicio, su voluntad de no declarar durante la jornada. Luego se inició la ronda de testimoniales con familiares de Cristian Gallardo.
El fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Leandro Flores, representa al Ministerio Público Fiscal ante la Sala IV del Tribunal de Juicio del distrito Centro, en la audiencia de debate contra los efectivos policiales Ricardo José Antonio Llaves, Lucas Maximiliano Ozuna, Ricardo Ezequiel López y Jorge Antonio Olea por el delito de homicidio culposo en concurso real con vejaciones calificadas en perjuicio de Cristian Exequiel Gallardo y contra Elio Maximiliano Moya por falsedad ideológica en concurso ideal con encubrimiento agravado. Y contra Ángel Ismael Lozano se requirió juicio por falso testimonio en concurso ideal con encubrimiento.
Tras la lectura del requerimiento a juicio fiscal, los seis imputados decidieron no declarar ante el Tribunal integrado por los jueces Roberto Faustino Lezcano, Maximiliano Troyano y Norma Beatriz Vera.
En forma posterior se inició la
ronda de testimoniales con la declaración de cuatro testigos, todos miembros
del grupo familiar del fallecido.
Según el calendario fijado por el
Tribunal, la audiencia continuará este jueves al mediodía, los días 21, 22, 25,
26, 27 y 29 de abril y el 2 y 3 de mayo.
En una extensa jornada, declararon los testigos citados, entre los que se cuenta a familiares de la víctima y personal policial del área de Criminalística que intervino en la investigación. Para este jueves se espera finalizar con la ronda de testimoniales y dar paso a los alegatos.
Foto Poder Judicial de Salta
El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Vega, representa al Ministerio Público Fiscal ante la Sala I del Tribunal de Juicio de ese distrito, en la audiencia de debate contra Néstor Alan Tobar, “Tato” y Renzo Delfín Sabán como coautores del delito de homicidio calificado por la violencia de género y el concurso premeditado de dos o más personas en perjuicio de Elvira Sabán.
Este miércoles, durante la ronda de testimoniales, la jueza Soledad Rodríguez recibió la declaración de familiares de la mujer fallecida y de personal policial del área de Criminalística que tuvo parte en la investigación, entre otros.
Para este jueves se espera la
declaración de los últimos testigos citados por las partes y según lo previsto
por el Tribunal, dar lugar a los alegatos.
En el marco de la investigación que se lleva adelante por el homicidio de Ramón Arnaldo Díaz, se produjo la detención de una tercera persona. El hecho ocurrió en barrio 20 de junio de esa ciudad.
La fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, Claudia Carreras, informó que en el marco de la investigación que se lleva adelante por el homicidio de Ramón Arnaldo Díaz, ocurrido el 19 de enero pasado, se produjo la detención de una tercera persona.
El hombre, de 24 años, fue
detenido en la localidad de Aguas Blancas luego de una minuciosa tarea
desplegada por los investigadores de la Unidad de Graves Atentados e imputado
como coautor del delito de homicidio calificado por el concurso premeditado de
dos o más personas agravado por el uso de arma de fuego.
Cinco efectivos policiales y un testigo que aportó datos falsos durante la investigación, será juzgados desde este miércoles por la muerte del joven. Ocurrió en agosto de 2019 en la zona sudeste de la ciudad de Salta, en el marco de un operativo policial.
El fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Leandro Flores, representará al Ministerio Público Fiscal ante la Sala IV del Tribunal de Juicio, en la audiencia de debate contra los efectivos policiales Ricardo José Antonio Llaves, Lucas Maximiliano Ozuna, Ricardo Ezequiel López y Jorge Antonio Olea por el delito de homicidio culposo en concurso real con vejaciones calificadas en perjuicio de Cristian Exequiel Gallardo y contra Elio Maximiliano Moya por falsedad ideológica en concurso ideal con encubrimiento agravado. Y contra Ángel Ismael Lozano se requirió juicio por falso testimonio en concurso ideal con encubrimiento.
El 26 de agosto de 2019, los efectivos Llaves, Ozuna, López
y Olea, intervinieron ante un hecho de robo ingresando a una vivienda de Finca
Independencia. Cuando se disponían a demorar a quienes lo habrían provocado,
dos de ellos huyeron por los techos. Gallardo se encontraba oculto en un
lavadero y en su poder, estaban un arma blanca con la que habían atacado al
damnificado y el teléfono celular que le habían sustraído.
Cristian Exequiel Gallardo se resistió abiertamente a su
aprehensión, forcejeando con los dos policías que procuraban sacarlo del
inmueble. Los efectivos habiendo sido capacitados con técnicas de sujeción para
este tipo de procedimiento aplicaron maniobras inadecuadas, impropias y
excesivas en su afán de aprehenderlo. Mientras uno de los policías lo
arrastraba cruzando su brazo y antebrazo desde el cuello haciendo presión, el
otro trataba de sujetarlo de los pies. La intervención de estos dos efectivos
no resultó suficiente para reducirlo dado que al salir a la vereda del inmueble
Gallardo logra zafarse e intenta huir, pero a escasos metros es aprehendido por
dos efectivos que le aplican golpes de puño a la altura del abdomen y en el
antebrazo izquierdo.
Posteriormente es trasladado en la caja cubierta del móvil
policial, donde esposado, lo pusieron boca abajo y continuaron aplicándole
trato riguroso. Ya en la dependencia policial, el demorado comenzó a tener
dificultades para respirar, por lo que luego se solicitó una ambulancia, que,
al llegar, constató que Gallardo se encontraba sin vida.
En la extensa base probatoria, la Fiscalía expone el informe
de autopsia realizado al fallecido, donde se confirma que el deceso de Gallardo
se produjo por isquemia aguda de miocardio, lo que fue corroborado por los
profesionales médicos que integraron la Junta que realizó la necropsia en forma
posterior.
También se consigna que los profesionales corroboraron las
causas del deceso de Cristian Exequiel Gallardo y verificaron en su cuerpo
numerosas lesiones producto del trato que recibió de parte del personal
policial durante el procedimiento de detención y traslado.
En la acusación a los efectivos que actuaron en su
detención, el fiscal destaca que inobservaron los reglamentos que le incumben,
le dispensaron un trato áspero y riguroso sobre el cuerpo del mismo
provocándole lesiones en diversas partes del cuerpo. También señala que el
deceso se produjo porque ante una situación previsible como lo era la
descompensación de quien tenían bajo su custodia en un nuevo accionar imperito,
no respondieron a la emergencia, practicando al menos maniobras de reanimación
que también formaba parte de la capacitación recibida. Tampoco efectuando el pedido
oportuno de asistencia sanitaria, para que personal de emergencia pudiera
concurrir al lugar a resolver la situación.
Respecto a Elio Maximiliano Moya, se advirtió que con fecha
26 de agosto de 2019, encontrándose de oficial de servicio de la Base del
Sector 6, consignó datos y situaciones que no correspondían a lo que había
acontecido tras el arribo de Cristian Exequiel Gallardo y la descompensación
que sufrió. Tampoco correspondían con los registros efectuados en el Libro de
Guardia de la Dependencia, con la única intención de favorecer a sus colegas
involucrados a fin de que eludan la persecución penal.
En relación a Ángel Ismael Lozano, se tiene debidamente
acreditado que en ocasión de prestar declaración testimonial ante la Fiscalía,
habiendo prestado juramento de decir verdad, omitió referir a las
circunstancias acaecidas dentro de la caja del móvil cuando Gallardo fue subido
para ser trasladado a la Base del Sector 6A de B° Democracia. Si bien expresó
que allí Gallardo se resistió a que le colocaran las esposas, nada dijo de lo
que exhibe el video aportado a la causa por `parte de la hermana del
damnificado, en el que se aprecia la agresión perpetrada por uno de los
policías. Debiendo entenderse que su silencio favorecía la situación a quienes
lo auxiliaron tras el ilícito que sufrió en la vía pública, en el que había
intervenido Gallardo.
El Tribunal estará integrado por los jueces Roberto Faustino Lezcano, Maximiliano Troyano y Norma Beatríz Vera y está previsto que se desarrolle los días 20, 21, 22, 25, 26, 27 y 29 de abril y el 2 y 3 de mayo.
Uno de los acusados del homicidio calificado de la mujer de 65 años, ocurrido en septiembre de 2020, prestó declaración durante la primera jornada de la audiencia de debate, tratando de deslindar su responsabilidad en el hecho investigado. Este miércoles se continúa con la ronda de testimoniales y se prevé conocer el veredicto este jueves.
Foto Poder Judicial de Salta
El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Vega, representa al Ministerio Público Fiscal ante la Sala I del Tribunal de Juicio de ese distrito, en la audiencia de debate contra Néstor Alan Tobar, “Tato” y Renzo Delfín Sabán como coautores del delito de homicidio calificado por la violencia de género y el concurso premeditado de dos o más personas en perjuicio de Elvira Sabán.
Los hombres están acusados del femicidio de la sexagenaria,
con la que tenían vínculos familiares. El hecho ocurrió en septiembre de 2020 y
la mujer fue encontrada sin vida y semienterrada a la vera de la ruta nacional
53.
Durante la primera jornada, la jueza Soledad Rodríguez recibió el testimonio de Renzo Delfín Sabán, quien en sus dichos sostuvo su inocencia y negó su participación en el hecho. Este miércoles se continuará con la ronda de testimoniales y está previsto que se extienda hasta el próximo jueves 21 de abril.
Un hombre de 27 años es juzgado con Tribunal colegiado por atentar contra la vida de su ex pareja con golpes y un arma blanca en la ciudad de Pichanal. Tras la jornada de testimoniales de este martes, se pasó a un cuarto intermedio hasta el martes 26 para los alegatos de las partes.
El Tribunal está integrado por los jueces Mario Maldonado, Edgardo Laurenci y Aldo Primucci y tras la jornada de testimoniales de este martes 19, se pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo martes 26 para dar lugar a los alegatos de las partes.
Un hombre de 40 años, responsable del consorcio de un edificio de departamentos, fue imputado por el homicidio culposo de un niño que murió por paro cardiorrespiratorio por electrocución en el mes de febrero pasado.
La fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Verónica Simesen de Bielke, imputó en forma provisional a un hombre de 40 años, encargado del consorcio de un edificio de departamentos en barrio Castañares, como autor del delito de homicidio culposo en perjuicio de un niño de 8 años.
En la imputación, Simesen de Bielke expone las distintas medidas probatorias producidas, entre las que se cuenta informes de la empresa prestataria del servicio de energía eléctrica y otros técnicos, donde se constata el estado de las instalaciones y sostiene un actuar negligente del imputado, que generó una situación de riesgo real y concreto toda vez que el gabinete metálico no contaba con los recaudos mínimos necesarios de seguridad de acuerdo a las pautas vigentes.
Destaca la fiscal que este proceder es inadmisible en virtud del deber legal de cuidado que le era exigible como responsable del mantenimiento y seguridad de los gabinetes ubicados en el monoblock, en su carácter de administrador del consorcio.
El acusado se abstuvo de declarar y
anunció que lo hará en forma posterior.