Pese a una orden judicial de prohibición de acercamiento, el acusado se habría presentado en distintos lugares donde se encontraba su expareja, a quien habría amenazado en reiteradas ocasiones. También estaría acusado de haberle sustraído el teléfono celular tras un forcejeo.
El fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Alejandro Escalante, imputó a un hombre de 21 años, por los delitos de robo, amenazas (en dos hechos) y desobediencia judicial, todos ellos en concurso real. Asimismo, el fiscal solicitó el mantenimiento de la detención preventiva del acusado.
Los hechos ocurrieron durante la mañana del 27 de mayo de 2025, cuando la damnificada se dirigía a su lugar de trabajo, ubicado en avenida Tavella s/n de Cachi. En las inmediaciones fue interceptada por su ex pareja, quien la habría increpado con expresiones amenazantes e intentando ingresar al local comercial, siendo retirado por el propietario del establecimiento.
Según relata la denuncia, pocos minutos después, el imputado regresó al lugar, logró ingresar y, tras un forcejeo, le arrebató el teléfono celular a la denunciante para luego huir del sitio.
Horas más tarde, la mujer se dirigía acompañada por una amiga a retirar a su hijo de la escuela, por temor a un nuevo encuentro con su ex pareja. Efectivamente, en el trayecto volvieron a cruzarse con el acusado, quien devolvió el celular sustraído pero habría persistido con amenazas de carácter violento, en presencia de la acompañante, quien también declaró en sede policial y corroboró los hechos.
El fiscal Escalante destacó que, al momento del episodio, el imputado tenía vigente una orden judicial de prohibición de acercamiento a menos de 300 metros de la denunciante, medida de la cual había sido notificado formalmente, configurándose así el delito de desobediencia judicial.
Como parte del expediente, la víctima también aportó una grabación de video enviada meses atrás por el acusado, en la que se lo observa portando un cuchillo de forma intimidatoria, hecho que da cuenta de antecedentes de violencia previos y que motivaron las medidas cautelares.
La Fiscalía continúa con la investigación penal preparatoria y dispuso una serie de diligencias complementarias con el objetivo de reunir más elementos de prueba y garantizar la protección integral de la denunciante.