En una nueva jornada de capacitación, la directora del Servicio de Atención a la Víctima profundizó el enfoque victimológico en las intervenciones y pericias que realiza el personal. El eje estuvo puesto en el respeto de los derechos de las víctimas y el cumplimiento del marco legal vigente.
En el marco de las Jornadas Anuales de Capacitación Continua, personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) y del Ministerio Público Fiscal participó de una nueva instancia formativa, a cargo de la directora del Servicio de Atención a la Víctima (S.A.Vic), Matilde Alonso.
El encuentro, realizado en el Salón Zuviría del Poder Judicial, abordó el tema “Victimología: marco normativo, perspectiva de intervención, interdisciplina, vulnerabilidad e interseccionalidad”. La actividad tuvo como objetivo afianzar el trabajo del personal en el respeto y la promoción de los derechos de las víctimas en cada intervención.
Alonso explicó que “es importante que las y los profesionales del CIF incorporen que, en cada actuación e informe, deben respetar la perspectiva victimológica”. Subrayó que este enfoque implica un cambio de paradigma ya que no se trata sólo de garantizar los derechos de las personas imputadas, sino de cumplir de forma efectiva con los derechos y garantías de las víctimas, conforme a la normativa constitucional, convencional, nacional y provincial vigente.
Durante la capacitación se destacó que la perspectiva victimológica no se agota en un trato respetuoso, sino que implica la aplicación de un conjunto de principios y obligaciones legales. Entre ellos se encuentran la intervención rápida para brindar asistencia, el enfoque diferencial atendiendo a la vulnerabilidad de cada víctima y la prohibición de la revictimización.
Entre los casos analizados se mencionó el fallo “Brisa Angulo Lozada vs. Estado Plurinacional de Bolivia” y, a nivel local, el denominado “Caso Juana”, que permitieron ejemplificar las distintas situaciones de vulnerabilidad que deben considerarse al momento de intervenir, como la edad, la condición de discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas, el género y la situación de pobreza.
“Todos debemos contribuir a una tutela judicial efectiva, diferenciada y reforzada, atendiendo que las víctimas pueden presentar múltiples factores de vulnerabilidad que el Estado tiene la obligación de proteger, investigar y reparar”, sostuvo Alonso.
La actividad responde al compromiso del Ministerio Público Fiscal de promover prácticas respetuosas con enfoque victimológico en todas las áreas de intervención del CIF y las Fiscalías, en línea con lo dispuesto por la Ley 27.372 de Derechos de las Víctimas, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y las Reglas de Brasilia, contribuyendo al acceso efectivo a la justicia y a la protección de los derechos de las personas víctimas de delitos.