Allanan 19 domicilios por presuntas estafas con pagarés y juicios ejecutivos

La causa se inició a partir de irregularidades detectadas por juzgados Civiles y Comerciales de Procesos Ejecutivos en expedientes con el patrocinio de un mismo abogado. Fueron allanados un estudio jurídico, domicilios particulares de los investigados e inmuebles utilizados como domicilios ficticios en procesos judiciales, donde se secuestró dinero, documentación y dispositivos.

Bajo la dirección del fiscal penal interino de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Pablo Rivero, personal de la Unidad Investigación UDEC del Cuerpo de Investigaciones Fiscales allanó 19 domicilios de la ciudad de Salta en el marco de una investigación la presunta existencia de una organización dedicada a la comisión de estafas procesales mediante el uso fraudulento de títulos ejecutivos.

El operativo se realizó por requerimiento de UDEC y fue autorizado por el Juzgado de Garantías 5 del distrito Centro, a cargo del juez Pablo Zerdán.

Entre los domicilios allanados se encuentra un estudio jurídico, por lo que en cumplimiento de la normativa vigente para el registro de sedes profesionales de letrados, se dio intervención al Colegio de Abogados y Procuradores de Salta. Asimismo, fue designado como veedor -a fin de garantizar la legalidad del acto y el resguardo del secreto profesional-, a un abogado de la matrícula.

Para la ejecución coordinada del operativo, el Departamento de Investigaciones y Criminología del CIF afectó 55 efectivos y 13 vehículos.

La causa

La causa se inició a partir de informes remitidos por los titulares de los Juzgados de Procesos Ejecutivos de 1º, 2º y 3º Nominación, quienes detectaron irregularidades sistemáticas en expedientes promovidos por una misma parte actora. Entre las anomalías advertidas se destacó la reiteración injustificada de domicilios denunciados para los demandados, incluyendo coincidencias entre domicilios de actores y demandados.

A estas actuaciones se sumaron denuncias penales de particulares y tareas preliminares de investigación.

Personal de la Unidad Investigación UDEC del CIF realizó un análisis integral de más de 70 expedientes judiciales, detectando patrones reiterados de conducta, logrando individualizar a una mujer (la actora) y a un abogado con matrícula en Salta como su patrocinante.

Los investigadores efectuaron constataciones en múltiples inmuebles, verificándose que muchos de los domicilios utilizados eran inexistentes, estaban deshabitados o pertenecían a terceros sin vinculación con las causas. Paralelamente, se llevaron adelante tareas de inteligencia, vigilancia y seguimiento que permitieron identificar el núcleo operativo de la presunta organización, así como domicilios vinculados a los investigados.

También se incorporaron informes patrimoniales que evidenciarían inconsistencias económicas, compatibles con la utilización de personas como prestanombres, y se detectó la existencia de una sociedad comercial (Famosa Bankia SA) presuntamente utilizada como estructura de soporte para la operatoria.

De acuerdo con los elementos reunidos, la organización habría desplegado un mecanismo sistemático consistente en la captación de personas en situación de vulnerabilidad económica; el otorgamiento de préstamos informales bajo condiciones abusivas; la exigencia de suscripción de pagarés en blanco; y el posterior llenado de dichos documentos con montos y datos falsos o desproporcionados.

Luego, se promovían demandas ejecutivas basadas en esos títulos, consignando domicilios inexistentes, abandonados o ajenos a los deudores, lo que impedía la correcta notificación de las víctimas, colocándolas en estado de indefensión y permitiendo la obtención de embargos sin posibilidad de defensa, con el consecuente desapoderamiento de bienes y afectación de haberes.

Teniendo en cuenta los elementos reunidos y ante el riesgo de ocultamiento o destrucción de prueba, el fiscal Pablo Rivero solicitó al Juzgado de Garantías, 19 allanamientos simultáneos, ejecutados en domicilios vinculados a las maniobras investigadas, incluyendo residencias particulares, inmuebles utilizados como domicilios ficticios en procesos judiciales y un estudio jurídico.

Además, requirió el levantamiento de Secreto Bancario del abogado y  de la firma Famosa Bankia SA, de la cual es el único socio y la mujer, administradora suplente. También se solicitó para ambos investigados la prohibición de salir sin autorización del país, se le retenga los documentos de viaje que posean y la prohibición de tener contacto con los denunciantes y damnificados.

Resultado del operativo

Como resultado de los allanamientos, en el estudio jurídico ubicado en avenida Uruguay se secuestró dinero en moneda nacional y extranjera, una computadora, tres teléfonos celulares, documentación, expedientes y pagarés relacionados con la causa.

En el domicilio de la investigada se secuestró dinero en moneda nacional, cuadernos, carpetas con documentación, un talonario de pagarés en dólares, un teléfono celular y comprobantes bancarios, entre otros elementos.

En un domicilio de pasaje Aguado, consignado en los procesos ejecutivos como sede jurídica para el pago de préstamos, un hombre entregó documentación que acredita la titularidad del inmueble, adquirido mediante subasta hace 15 años. De la cédula parcelaria surge que la anterior titular era la investigada.

En otro domicilio, ubicado en calle Balcarce, también consignado en los procesos ejecutivos, una mujer se presentó como actual moradora y manifestó no tener vínculo de parentesco, dependencia ni relación jurídica alguna con los investigados.

Situaciones similares se verificaron en otros domicilios allanados.

En una vivienda consignada como domicilio de demandados en procesos civiles, el inmueble se encontraba deshabitado y en estado de abandono. En el lugar se secuestraron un talonario de recibos y documentación correspondiente a la Cámara de Apelaciones del Trabajo de Salta.

En otro domicilio, también sin moradores, el propietario indicó que el inmueble se encuentra en trámite sucesorio. Allí se secuestraron dos cédulas de notificación de expedientes judiciales iniciados por la investigada.

Las personas sospechosas fueron citadas a audiencia de imputación en la Unidad de Delitos Económicos Complejos.