Requieren juicio y piden la detención del ex intendente de Coronel Moldes

La fiscal penal, María Eugenia Guzmán, cerró la etapa penal preparatoria seguida contra Osvaldo Darío García y solicitó su detención y enjuiciamiento por graves delitos de corrupción. Sostuvo que el ex intendente “ideó e instauró en el ámbito del poder ejecutivo municipal un sistema absolutamente arbitrario y personal de gestión de la hacienda pública, que permitía el manejo discrecional, arbitrario e ilegal de fondos públicos”.

garcia-moldesAdemás, la fiscal solicitó que se mantenga el embargo de bienes que ya había planteado al iniciar la investigación penal en febrero pasado. Se trata de una medida cautelar que abarca bienes del ex intendente por la suma de 1.259.422, 96 pesos.

En su requerimiento, la fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, encuadró el accionar del ex intendente en seis delitos: “incumplimiento de deberes de funcionario público, abuso de autoridad, peculado, demora injustificada de pago, estafa y fraude en perjuicio de la administración”.

Estos delitos, contemplados en los artículos 248, 261, 264, 172 y 174 del Código Penal tienen penas que van de un mes a diez años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, lo que evidencia la gravedad de los hechos de corrupción imputados a García.

La causa penal contra el ex intendente se inició el 12 de febrero pasado a partir de la denuncia radicada por la presidenta del Concejo Deliberante de ese municipio, Carolina Noemí Quiroz. Previamente, el 23 de julio de 2015, la concejal Susana Carreras, había denunciado también a García por la demora en el pago de su dieta como edil.

De ambas denuncias, Quiroz reveló una serie de graves irregularidades financieras por parte de García, las que surgían de un informe contable realizado por la Auditoría General de la Provincia respecto a los años 2011 y 2012.

A las dos semanas de la denuncia de Quiroz, la fiscal imputó formalmente a García por la posible comisión de los delitos de “incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, peculado, demora injustificada de pago, fraude en perjuicio de la administración y estafa; en un número indeterminado de hechos. Asimismo, la fiscalía solicitó el embargo de bienes contra el ex intendente.

En su declaración indagatoria, García negó las acusaciones, no obstante, la fiscalía siguió adelante con una minuciosa investigación que, entre otras medidas, incluyó la recopilación de documentación contable, informes realizados por los investigadores de la División de Delitos Económicos, pericias a cargo del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y la declaración testimonial de distintos funcionarios, tanto de la Municipalidad de Coronel Moldes como de la Auditoría General de la Provincia.

Sistema de corrupción

En sus fundamentos, la fiscal sostuvo que del análisis de la carga probatoria reunida se puede advertir claramente que García “ideó e instauró en el ámbito del poder ejecutivo municipal un sistema absolutamente arbitrario y personal de gestión de la hacienda pública, que permitía el manejo discrecional, arbitrario e ilegal de fondos públicos”.

En este sentido, explicó que de las maniobras delictivas imputadas se percibe una “multiplicidad” de conductas, las que “incluían la falta o defectuosa registración de las erogaciones realizadas en franca violación a las normas que regulan el control del gasto público; órdenes orales que disponían sobre la realización de pagos; manejo personal de las chequeras, pagos efectuados sin asientos contables, órdenes de pagos que no contaban con respaldos documentales (facturas, remitos, recibos, contratos, etc.) o que eran defectuosos”.

De esta manera, agregó la fiscal, García “encubría la apropiación” de “sumas de dinero que salían de la esfera de la administración; todo lo cual generaba un contexto que hacía imposible el debido control por parte de los organismos correspondientes, tal como debe recaer en toda actividad estatal”.

“Quedó evidenciado entonces, de los elementos colectados y merituados, la implementación por parte de un poder del Estado, de un sistema cargado de irregularidades y la más absoluta discrecionalidad, siendo tales características irreconciliables con la racionalidad y transparencia que deben revestir los actos republicanos de gobierno, en un estado de derecho.”, agregó.

Pedido de detención

Respecto al pedido de detención, la fiscalía sostuvo que los delitos configurados no descartan la “posibilidad de que el imputado en situación de libertad, proceda a eludir el accionar de la justicia, desoyendo los llamamientos a comparecer al presente proceso atento a la amenaza de pena de ejecución efectiva que se le presente como inminente.”.

En este sentido, la fiscal aludió a la procedencia del artículo 368 del Código Procesal Penal, el cual admite la detención ante la posible aplicación de una pena privativa de la libertad.

“Estima esta Fiscalía que, en el caso, concurren razones suficientes para sostener una presunción de eludir la justicia”. Guzmán dejó en claro que en la medida que el proceso penal avance, se advierte que su desenlace incluirá, en un alto grado de probabilidad, una “pena privativa de la libertad, y de cumplimiento efectivo”. Asimismo, indicó que “la cantidad de conductas endilgadas, determina que necesariamente la pena a imponer se alejará del mínimo previsto para tales conductas”.

Por otra parte, la fiscal reveló que García tiene pendiente otros dos requerimientos de juicio solicitados por la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos, como así también solicitó que se mantenga el embargo de bienes requerido oportunamente, ya que “no han desaparecido los motivos que la impulsaron, sino antes bien, éstos se han consolidado con la formulación del requerimiento de juicio”.