Ante la negativa de la damnificada de acceder a tomar una pastilla para interrumpir el embarazo, el sujeto le impidió la salida de la vivienda que este alquila. La mujer dijo que no era la primera vez que sucedía un hecho similar.
La fiscal penal de Cerrillos, Mónica Viazzi, a través de la delegación El Carril, representó al Ministerio Público Fiscal ante el Juzgado de Garantías 7, en la audiencia de juicio abreviado contra un hombre de 20 años, acusado del delito de privación ilegítima de la libertad agravada por haberse cometido con violencia.
Según consta en las actuaciones, los hechos se desarrollaron entre la noche del 14 de noviembre y la mañana del 15 de noviembre, en el domicilio del acusado.
Esa noche, la pareja salió a compartir con amigos, consumiendo bebidas alcohólicas. Al regresar al domicilio, el acusado le pidió a la mujer que saliera a comprar comida, a lo que ella se negó.
La denunciante relató que ambos decidieron descansar, pero cuando intentó acomodarse en la cama, el acusado la empujó y le propinó una cachetada en el rostro. Molesta por la agresión, la mujer se sentó y expresó su intención de retirarse, verificando la hora y la ubicación del transporte. El acusado le pidió que le devolviera el teléfono, y ante la negativa de ella, la tomó del cabello y la arrojó sobre la cama, quedando ambos dormidos.
Más tarde, alrededor de las 11 de la mañana, la damnificada se despertó tras recibir varias cachetadas por parte del acusado. Este le exigió que tomara una pastilla para interrumpir su embarazo, que cursaba siete semanas. Al negarse, el hombre le impidió salir del domicilio agrediéndola nuevamente cuando intentó retirarse.
La mujer logró finalmente salir, pero al regresar por sus pertenencias, el acusado la siguió y le habría propinado una patada en la pierna. Posteriormente, la mujer se comunicó con su padre, quien acudió al lugar y se dirigieron a la dependencia policial para radicar la denuncia.
El juez Pablo Zerdán, luego de recibir la confesión del acusado, lo condenó a la pena de dos años de prisión, de cumplimiento condicional. En el mismo fallo, dispuso medidas cautelares en protección de la damnificada, por el término de 3 años y la inserción del acusado en el Programa de Intervención con agresores de violencia de género.
