Desde UDEC se solicitó la prisión preventiva ante el peligro procesal de fuga. El juez dispuso la medida por cinco días y fijó una nueva audiencia para evaluar la suficiencia de la garantía real ofrecida por la defensa y el domicilio propuesto para una eventual libertad.
La auxiliar fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Paula Baccaro, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria y de prisión preventiva, en la que Nicolás Mendioroz Juncosa fue imputado provisionalmente por el delito de estafas reiteradas (tres hechos), en concurso real.
La investigación se encuentra a cargo de la fiscal penal interina de UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio.
Durante la audiencia, Baccaro solicitó la prisión preventiva del imputado, al considerar que subsiste el peligro procesal de fuga, fundado en la falta de arraigo y en su comportamiento durante el proceso. Además señaló que el hombre residía en Australia y que no cuenta con un domicilio fijo en Salta. Asimismo, recordó que había sido declarado en rebeldía tras no comparecer a la audiencia de imputación fijada desde 2022, lo que evidenció una actitud renuente a someterse al proceso penal.
Tras escuchar a las partes, el juez interviniente dispuso la prisión preventiva por cinco días y fijó una nueva audiencia para evaluar las medidas de coerción, particularmente la suficiencia de la caución real ofrecida por la defensa y las condiciones del domicilio propuesto para una eventual libertad.
En relación con la caución, la defensa sostuvo que el valor correspondiente al 50 % indiviso del inmueble ofrecido como garantía resultaría suficiente para cubrir el monto exigido. En ese marco, se dispuso la tasación de la propiedad para determinar la suficiencia económica de la garantía.
La Fiscalía había cuestionado previamente la idoneidad de la caución, al advertir que el fiador, padre del imputado, era titular únicamente del 50 % indiviso del inmueble, circunstancia que no había sido informada al momento de su ofrecimiento.
La Fiscalía especializada en delitos económicos advirtió que la existencia de un condominio también podría dificultar una eventual ejecución judicial de la garantía, por lo que su suficiencia no depende exclusivamente del valor económico del inmueble.
La causa
La investigación, a cargo de la fiscal penal Ana Inés Salinas Odorisio, se inició a partir de tres denuncias presentadas por hombres que mantenían relaciones de amistad con Nicolás Mendioroz Juncosa, quien les habría ofrecido invertir dinero en operaciones con criptomonedas, con una rentabilidad mensual prometida del 10 %.
Según las denuncias, las inversiones comenzaron durante 2021 y, en los primeros meses, los damnificados recibieron los pagos acordados, lo que generó confianza y, en algunos casos, motivó nuevas entregas de dinero.
Uno de los denunciantes manifestó haber entregado 10 mil dólares en octubre de 2021 y recibido durante tres meses pagos de mil dólares, hasta que se interrumpió el contacto con el investigado. Otro sostuvo que realizó sucesivas inversiones entre julio y diciembre de 2021, por un total de 15 mil dólares, luego de haber percibido inicialmente las ganancias prometidas.
El tercer denunciante indicó que efectuó entregas de dinero y criptomonedas que alcanzaron aproximadamente los 150 mil dólares, y que había recibido 34.320 dólares en concepto de rentabilidad.
En febrero de 2022, los denunciantes tomaron conocimiento de que Mendioroz Juncosa había abandonado el país. Según denunciaron, luego reconoció haber perdido el capital invertido y no poder restituirlo.
En junio de 2023, desde UDEC se lo citó a audiencia de imputación como presunto autor del delito de estafas reiteradas (tres hechos), en concurso real, a la que no compareció. Ante ello, la Fiscalía solicitó que fuera declarado en rebeldía y se ordenara su detención y captura internacional.
Tras su regreso desde Australia, el hombre fue trasladado a Salta el martes 20 de octubre y quedó alojado en la Alcaidía General de la Ciudad de Salta.
