Los allanamientos se realizaron en el marco de una causa que investiga una presunta organización dedicada al abastecimiento y la distribución de estupefacientes. Se secuestraron distintas sustancias, dinero en efectivo, teléfonos celulares, balanzas, armas y una camioneta.
El fiscal penal 2 de Anta, César Arturo Saravia, a través de la delegación Joaquín V. González, encabeza una investigación por presunta infracción a la Ley Nacional 23.737 de Estupefacientes, en la que se procura determinar el funcionamiento de una organización dedicada a la comercialización y distribución de drogas en esa jurisdicción.
En este contexto y habiendo reunido los elementos de convicción necesarios, solicitó orden de allanamiento para ocho domicilios vinculados a las personas investigadas.
En cumplimiento de la medida, personal del área de Drogas Peligrosas, realizó los procedimientos en inmuebles de Joaquín V. González y sus alrededores, con resultados positivos en varios de ellos, lográndose el secuestro de una importante cantidad de envoltorios con cocaína, marihuana y pasta base, como así también dinero, teléfonos celulares, elementos de corte y fraccionamiento, armas y municiones y una camioneta.
También se informó la detención de tres hombres de 37, 43 y 45 años y una mujer de 29 años, quienes serán imputados este lunes como presuntos coautores del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
El fiscal Saravia explicó que la intervención de la Fiscalía inició a partir de información aportada de manera anónima y avanzó con distintas tareas investigativas vinculadas con personas y vehículos bajo investigación.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, uno de los detenidos habría ocupado un lugar relevante en el presunto circuito de abastecimiento, mientras que las otras personas investigadas estarían vinculadas con la distribución y el expendio de sustancias en distintos sectores de la localidad.
La investigación también reunió indicios sobre posibles maniobras de fraccionamiento, acondicionamiento y redistribución de estupefacientes, así como sobre la utilización de distintos domicilios para su presunto acopio y comercialización.
Saravia aseguró que el trabajo continúa, para establecer las responsabilidades individuales y determinar el alcance de las presuntas actividades de comercialización y distribución de estupefacientes.