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Tras hacer un balance de esta iniciativa impulsada entre la Procuración General y el Ministerio de Salud Pública, los titulares de ambos organismos, resaltaron los avances logrados y adelantaron que ya se trabaja para llevar el programa al interior de la provincia. Para ello, se buscará sumar más profesionales y capacitación. En la Capital la demanda fue alta y también exige mayor refuerzo de personal.

El análisis y balance del Programa de Intervención con Agresores de Violencia de Género puesto en marcha por la Procuración General, a mediados de año, iniciativa a la cual se sumó casi de inmediato el Ministerio de Salud Pública, fue tema central de una reunión mantenida en los últimos días por el procurador, Pablo López Viñals y el ministro de esa cartera, Roque Mascarello.

Los organismos unidos en este frente contra la violencia de género acordaron, convenio de colaboración mediante, una serie de acciones tendientes a fortalecer el programa de tratamiento de violentos, una iniciativa innovadora que alcanzó mucho éxito desde su implementación, ya que no tiene registros de deserción de los agresores que participan del mismo, entre otros logros.

Salud Pública colabora en el programa con profesionales de la oficina de Asistencia a Víctimas de Violencia de Género del hospital San Bernardo, quienes fueron formados por el Centro de Capacitación y Gestión del Ministerio Público Fiscal, a fin de participar en las tareas del programa de Intervención con agresores de violencia de género.

En la reciente reunión entre López Viñals y Mascarello también participaron las dos profesionales a cargo del Programa, María Cristina Lozano Pérez y Ana Laura Herrando, quienes tienen a su cargo el trabajo de abordaje con los agresores. Por el Ministerio de Salud, en tanto, estuvieron la trabajadora social, Florencia Rivadeneira y la psicóloga Patricia Nieva.

Luego de un análisis de la marcha del programa, se determinó avanzar con el mismo hacia el interior de la provincia,siendo clave la cooperación por parte del Ministerio de Salud al momento de sumar profesionales al área, los que serán seleccionados, según criterio de dicha cartera, desde los hospitales de las localidades cabeceras.

La capacitación de dichos profesionales estará a cargo de los responsables del programa. López Viñals valoró el aporte en esta materia de parte de Salud Pública, pues la Procuración “se encuentra limitada en materia de profesionales para sumar al programa”.

Por otra parte, y dada la demanda de este programa en el Distrito Judicial Centro, también se contempla la incorporación de más profesionales. Asimismo, en la reunión, Herrando que recientemente regresó de Barcelona, España, donde se capacitó para este programa, expuso un informe de dicha experiencia.

Por último, no se descarta que el próximo año el Gobierno de la Provincia defina pautas en la materia que permitan avanzar con este programa hacia los agresores que cumplen una pena de prisión efectiva, posibilidad que será evaluada ante el éxito del programa, el cual, cabe recordar, se aplica por el momento a violentos que reciben una pena condicional y su ingreso al mismo es de manera voluntaria.

Evaluación positiva

Mascarello al término de la reunión, la evaluó como positiva, ya que se pudo realizar un balance de lo actuado hasta el momento con la experiencia de la Oficina de Asistencia a Víctimas de Violencia de Género del hospital San Bernardo y dijo que como un objetivo a mediano plazo, se analiza replicarla en otros nosocomios de la ciudad y de la provincia.

En la ciudad mencionó al hospital Público Materno Infantil, al hospital Papa Francisco y en el interior, dijo que el hospital Melchora Figueroa de Rosario de la Frontera sería uno de los lugares donde quisiera llevar la experiencia.

El ministro resaltó la importancia del convenio firmado hace seis meses y señaló la necesidad de contar con la cooperación de otros organismo del Estado que se encuentren comprometidos en la lucha de contra el flagelo de la violencia de género, por lo que consideró consecuente con ello participar en la implementación del programa de tratamiento de agresores a través de los profesionales de las áreas pertinentes de la cartera de Salud Pública.

El programa

El programa fue creado a partir de una iniciativa de la Procuración, la que tomó como generador del programa la experiencia que se logró en España, donde este programa se aplica de una forma exitosa, pues logró frenar la reincidencia en materia de violencia de género.

El Jefe de la Unidad de Relaciones Externas e Institucionales del Consejo General del Poder Judicial de España, Andreu Estela Barnet afirmó, durante una visita a esta ciudad patrocinada por la Procuración, que en su país se puso en práctica un programa en el que se ofrece al agresor realizar un tratamiento a fin de evitar que reincida en el primer año, el momento en que hay mayor probabilidad de reincidencia. Con la aplicación de este programa, la tasa de reincidencia pasó del 25% al 6%.

Esta situación, ya conocida por López Viñals, llevó a iniciar un camino que derivó el 28 de diciembre de 2017 en la creación del Programa de Intervención con Agresores de Violencia de Género, modelo que incluyó la tarea de dos psicólogas, Figueroa y Lozano Pérez junto a la asistente social, Silvana Lizárraga.

Capacitación en España

En la resolución de creación, López Viñals sostuvo que “la violencia de género debe ser enfrentada desde los distintos ámbitos institucionales adoptando todas las medidas tendientes a erradicarla, tal como lo dispone el Art. 7 de la Convención de Belem do Pará; desde ese punto de vista, se advierte que no serían adecuadas ni suficientes las decisiones de la justicia que revisten un carácter simplemente declarativo,y que desaprovechan la oportunidad de imponer reglas de conducta a los violentos que incidan en su comportamiento futuro.”.

“Que, por ello, las decisiones judiciales que declaran que un hecho delictivo se ha cometido en contexto de violencia de género y dan lugar a una condena de ejecución condicional, devenir, cuando ello es considerado conveniente y eficaz, acompañadas de la imposición de reglas de conducta que incidan sobre los agresores, conforme lo autoriza el Art. 27 bis inciso 6 del Código Penal, para asegurar que esos pronunciamientos tengan el efecto disuasivo inherente a toda condena.”.

A partir de ello, la Procuración gestó la adecuación de un programa local a partir de las bases del utilizado en España, por lo que se impulsó la capacitación de dos licenciadas Figueroa y Lozano Pérez, quienes pudieron formarse en Barcelona.