Embarcación: Se investiga de oficio un presunto caso de abuso policial durante un procedimiento

A partir de una noticia criminis, publicada en un medio digital local, donde se daba cuenta que agentes de Infantería habían golpeado a un menor, tras un conflicto entre dos barriadas de la ciudad de Embarcación, la Fiscalía tomó inmediata intervención.

La Fiscalía Penal de Derechos Humanos, en feria, investiga de oficio un presunto caso de violencia institucional por parte de personal de Infantería de la Policía de la Provincia, durante un procedimiento.

En las imágenes registradas por una vecina, se observaría a un efectivo golpeando a un adolescente con chicotazos, patadas y golpes de puño, y con la presunta participación de otros dos efectivos, según da cuenta la noticia.

La Fiscalía dispuso el cumplimiento de diversas medidas tendientes a esclarecer las circunstancias en las que se habrían producido los hechos, tales como pedido del video con registro de imágenes, pedido de informes, entre otras.

Se investiga de oficio la actuación policial durante un procedimiento

A raíz de una denuncia realizada por un vecino a través de un medio de comunicación local sobre el accionar de un efectivo policial durante un procedimiento, se iniciaron actuaciones de oficio.

La Fiscalía Penal de Derechos Humanos interviene de oficio ante una denuncia publicada en un medio digital local, en la que un hombre afirma que un efectivo policial le faltó al respeto, quiso sacarlo a empujones del lugar donde se encontraba y que se rehusó a identificarse.

Un vecino denunció que en la madrugada de este martes 26, durante un allanamiento en un local de calle Ayacucho al 1000, los efectivos convocaron a su madre, una mujer de 80 años que padece sordera, como testigo. Al reclamar por la participación de su madre en tal carga pública, el hombre afirmó haber sido empujado por un policía, quien además le impidió tomar fotografías y amenazó con detenerlo.

La fiscalía dispuso una serie de medidas, entre ellas el relevamiento vecinal por parte del Cuerpo Especializado de Investigadores (CEI) y la revisión de cámaras del lugar donde ocurrieron los hechos, con el objetivo de recopilar información relevante para la causa y avanzar en el esclarecimiento de lo sucedido.

Además, se dispuso citar al denunciante para que se presente en sede fiscal.

Paraje El Barrial: Se investiga el accionar policial durante un desalojo

El procedimiento se había llevado a cabo la mañana del pasado 11 de noviembre. Los denuciantes serán citados a declarar.

La Fiscalía Penal de Derechos Humanos inició una investigación ante las denuncias de dos presuntos damnificados durante un operativo de desalojo en el paraje El Barrial, cercano a la localidad de San Carlos.

Los dos  hombres habrían intentado impedir que se concretara el procedimiento que había sido ordenado por el Juzgado en lo Civil y Comercial Laboral y de Personas y Familia de Cafayate, lo que habría derivado en un enfrentamiento con las fuerzas policiales.

Apenas tomó intervención en el hecho, la Fiscalía dispuso una serie de medidas vinculadas con el accionar policial y ordenó el envío de un equipo del Cuerpo Especializado de Investigadores (CEI) a fin de realizar tareas de campo y determinar si existen testigos de lo sucedido.

Por otro lado, los denunciantes serán citados a prestar declaración la próxima semana.

Dos efectivos policiales condenados por vejaciones

Un hombre resultó damnificado con lesiones en su cuerpo, producto de los golpes con la cachiporra y los impactos de bala de goma que uno de los acusados le ocasionó. Ambos acusados cumplirán reglas de conducta.

La fiscal penal (i), Verónica Simesen de Bielke, representó al Ministerio Público Fiscal ante la Sala VII del Tribunal de Juicio, Distrito Centro, en la audiencia de debate contra dos hombres de 32 y 43 años de edad por el delito de vejaciones agravadas por el uso de violencia.

La mañana del 22 de julio de 2018, cuatro amigos regresaban de una fiesta caminando por la banquina derecha de la Ruta Nacional 68 y compartiendo una gaseosa. De forma imprevista, fueron interceptados por efectivos policiales que se desplazaban en una camioneta. Los agentes descendieron del vehículo y, en voz alta, les ordenaron que tiraran lo que estaban bebiendo.

Uno de los jóvenes respondió que solo estaban bebiendo gaseosa. Sin embargo, uno de los efectivos reaccionó sacando la cachiporra y golpeando la botella, para luego asestar un segundo golpe en el brazo izquierdo del joven, a la altura del codo. Tras esto, los uniformados subieron nuevamente al móvil policial y se retiraron.

A pocos metros del lugar donde los habían interceptado inicialmente, los policías volvieron a alcanzarlos. El mismo efectivo que había golpeado con la cachiporra a uno de los jóvenes le propinó nuevos golpes, esta vez en la cabeza y en el dedo meñique. En un intento de defenderse, el joven le arrebató la cachiporra al policía y la lanzó hacia un descampado para evitar que continuara golpeándolo, tras lo cual salió corriendo.

El uniformado tomó una escopeta y disparó contra el joven, quien, junto a sus amigos, continuó corriendo hasta llegar luego, al centro de salud del barrio Intersindical. Allí recibió atención médica por las heridas causadas por el disparo. Uno de los impactos lo alcanzó en la espalda y el otro en el glúteo izquierdo.

en su rol de funcionarios policiales, actuaron con un claro exceso de sus funciones. El acusado de 32 años, quien al momento de los hechos se desempeñaba como agente, fue señalado como autor de vejaciones, ya que agredió al damnificado mediante golpes y disparos con balas de goma, causándole lesiones.

Todo ello, afirmó la fiscalía, corroborado por las pruebas documentales, informes médicos y fotografías, lo que corrobora las lesiones sufridas. Asimismo, se encuentran los testimonios que dan cuenta del hecho y del perjuicio causado contra la integridad física del damnificado.

Por su parte, el acusado de 43 años, quien se desempeñaba como sargento al momento del incidente, también fue imputado por el mismo delito, pero en calidad de omisión. Según la fiscalía, el sargento presenció los hechos y habría permitido que se cometieran las vejaciones. Además, habría utilizado su arma reglamentaria para intimidar a los jóvenes con un propósito de burla o sorna, sin justificación alguna.

El Juez Francisco Mascarello condenó a los acusados a la pena de 2 años y 6 meses de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial de 5 años por considerarlos penalmente responsables del delito de vejaciones agravadas por el uso de la violencia.

En el mismo fallo, el Juez les impuso a los condenados, reglas de conducta por el término de 2 años y 6 meses, entre ellas, someterse a tratamiento psicológico por el tipo de delitos por el que fueron condenados y ordenó el decomiso y destrucción de los elementos secuestrados.

Se investiga de oficio el accionar policial en un caso de amenazas y violencia

A partir de una noticia criminis, la Fiscalía de Derechos Humanos dio inicio a las primeras actuaciones, a fin de esclarecer las circunstancias de los hechos que se denuncian.

La Fiscalía de Derechos Humanos inició de oficio una investigación ante una denuncia publicada en un medio digital local, en la que una mujer afirma ser víctima de amenazas y violencia por parte de personal policial.

La noticia da cuenta que la presunta damnificada radicó varias denuncias a raíz de los constantes hostigamientos que sufriría de parte de sus vecinos, desde hace dos años, aproximadamente, que incluirían amenazas con arma blanca y agresiones hacia su familia, inclusive los menores de edad.

El agravante estaría dado por el hecho de que, según afirma la mujer, la intervención de la policía habría empeorado la situación, dado que algunos efectivos estarían actuando a favor de los supuestos agresores. Incluso, un uniformado habría amenazado de muerte a su esposo e hijos.

La fiscalía de Derechos Humanos, apenas tomó conocimiento, inició una actuación de oficio, disponiendo una serie de medidas que conduzcan al esclarecimiento de los hechos denunciados.

Joaquín V. González: Se investiga denuncia por presunto caso de violencia policial

La Fiscalía Penal de Derechos Humanos investiga un presunto hecho de violencia que involucraría a dos efectivos policiales, conforme a lo que declarara la madre del supuesto damnificado.

La denunciante se presentó en la fiscalía penal de Joaquín V. González, manifestando que la noche del pasado 1 de agosto salió en busca de su hijo, quien le había sustraído una campera, la que descubrió que la había vendido.

Según el relato, antes de recuperar la prenda, se hizo presente personal policial. Uno de los efectivos le dijo que buscarían a su hijo para demorarlo y que luego la llamarían para que fuera a la dependencia.

Al rato de retirarse el móvil policial, la mujer escuchó disparos de arma de fuego. Camino a su casa, la mujer dijo que encontró a su hijo semidesnudo, con golpes en el rostro, mojado, alterado y con dolores en el cuerpo.

La presunta víctima le dijo a su madre que los efectivos lo habían golpeado, mojado con agua fría y que, además, habría sido abusado utilizando una cachiporra.

La mujer dejó a su hijo en su casa y se dirigió a la comisaría a radicar denuncia. Sin embargo, señaló que no se la habrían tomado, argumentando que su hijo es mayor de edad y que necesitaba un certificado de discapacidad.

Desde la Delegación de Fiscalía Penal de Joaquín V. González, por instrucciones de la Fiscalía Penal de Derechos Humanos, luego de recibida la novedad, se dispuso el cumplimiento de las medidas de rigor, como parte de la apertura de una investigación a fin de esclarecer las circunstancias de los hechos.

Entre las acciones tomadas, se incluyen la obtención de copia del libro de guardia, la nómina del personal de turno de División Infantería, el relevamiento de testigos, y un examen de reconocimiento médico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) para la presunta víctima, entre otras.

Tartagal: Se investiga un presunto caso de vejaciones y lesiones durante procedimiento policial

El hecho fue denunciado el pasado lunes 5 de agosto por un hombre que afirma haber sido víctima de violencia por parte de personal policial.

La Fiscalía Penal de Derechos Humanos investiga las circunstancias en las que se habría producido un presunto caso de vejaciones, apremios ilegales y severidades por parte de personal policial contra un hombre de 22 años.

Conforme a la denuncia, el hecho ocurrió la madrugada del pasado domingo 4 de agosto cuando dos policías habrían tumbado al suelo al damnificado, quien se encontraba solo en su moto, a la espera de su novia, con quien había mantenido una discusión a la salida de un local bailable.

Los efectivos, además, habrían esposado al hombre golpeándolo en diferentes partes del  cuerpo. Luego fue trasladado al hospital de la zona donde, según declaró, no fue examinado para finalmente ser conducido a una dependencia policial donde quedó demorado por unas horas.

La Fiscalía de Derechos Humanos, apenas recibida la novedad, impartió directivas, entre ellas, hacer examinar al denunciante el mismo día 4 de agosto, por parte de un médico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), todo ello a fin de esclarecer las circunstancias en las que se produjo el hecho, requiriendo, además, su cumplimiento con carácter de urgente.

Un policía condenado por lesiones leves y lesiones graves

El efectivo fue juzgado por un hecho de violencia institucional que tuvo lugar en diciembre de 2019, a la salida de un baile, en la localidad de La Silleta.

La Fiscalía Penal de Derechos Humanos representó al Ministerio Público Fiscal ante la Sala III del Tribunal de Juicio del distrito Centro, vocalía a cargo de la jueza Carolina Sanguedolce, en la audiencia de debate contra un cabo de la Policía de la provincia, como autor de los delitos de vejaciones calificadas por el uso de la violencia y lesiones graves en concurso real y que, al momento de los hechos, el efectivo policial revestía en la División Infantería.

El hecho sucedió el 9 de diciembre de 2019, cuando el Cabo llegó a bordo de un móvil policial al Complejo La Silleta, junto a otros efectivos, a realizar el despeje de los concurrentes a un baile.

En determinado momento, el acusado, quien portaba un arma marcadora, efectuó disparos en el exterior del predio, uno de los cuales impactó en el globo ocular derecho de la víctima, ocasionándole una grave lesión que derivó en un debilitamiento permanente y posterior pérdida del ojo.

En el mismo hecho, el cabo le ocasionó lesiones con la misma arma a un primo de la víctima, produciéndole lesiones de consideración en la espalda.

Cabe mencionar que la víctima que sufrió la pérdida del ojo falleció por razones ajenas a la causa. No obstante, esta siguió su curso y culminó en el juicio que se sustanció en contra del policía.

En el requerimiento, la Fiscalía había solicitado una pena de 2 años de prisión.

La Jueza de la Sala III condenó al acusado a la pena de 1 año y 2 meses de prisión de ejecución condicional por encontrarlo autor penalmente responsable de los delitos de lesiones leves y lesiones graves.

Se investiga un supuesto hecho de abuso de autoridad contra un hombre en la vía pública

El hecho habría sido protagonizado por dos efectivos policiales, a uno de los cuales se observa en un video mientras reduce a un individuo con el que forcejeó previamente.

La fiscalía de Derechos Humanos tomó intervención e inició una investigación de oficio, a raíz de la difusión de imágenes de video en las que se observa a un efectivo policial en el momento en que forcejea con un presunto permisionario en el ingreso a un galpón.

En las imágenes previas se ve al funcionario policial que mantiene un discusión con el hombre que se encontraba en la vía pública.

La denuncia fue radicada por la presunta víctima el pasado 12 de junio, tras lo cual se impartieron las primeras directivas, entre las que se cuenta la citación al denunciante para que se presentara en Fiscalía a prestar declaración testimonial.

Por su parte, médicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales examinaron al presunto damnificado.

Un testigo compareció ante la Fiscalía, mientras se espera el cumplimiento de las diligencias solicitadas al Cuerpo Especializado de Investigaciones (CEI) y los resultados obtenidos.

Se interpuso recurso de casación a sentencia absolutoria en favor de un policía

El efectivo policial resultó absuelto de forma lisa y llana por el Tribunal de Juicio, por un hecho ocurrido en febrero de 2020 en barrio Norte Grande. Tras un procedimiento en el que participaron el acusado junto a otros cuatro uniformados, un hombre de 19 años fue herido y perdió su ojo derecho.

La Fiscalía Penal de Derechos Humanos interpuso recurso de casación ante la Sala V del Tribunal de Juicio del distrito Centro, en contra de la sentencia dictada el pasado 10 de junio, en la que el oficial subayudante Rómulo Segovia resultó absuelto de forma lisa y llana.

Segovia llegó a juicio, acusado del delito de vejaciones agravadas por la violencia en concurso ideal con lesiones graves en perjuicio de un joven de 19 años.

El hecho ocurrió el 24 de febrero de 2020, en barrio Norte Grande, cuando efectivos policiales a bordo de un móvil, acometieron contra la integridad física de la víctima, ocasionándole el estallido traumático del ojo derecho, con debilitamiento permanente del sentido de la vista por perdida del globo ocular, producto del impacto de un proyectil de posta de goma.

Durante la audiencia de debate, el damnificado declaró que sufre de pérdida de visión progresiva del otro ojo, con secuelas permanentes para su salud y su vida personal.

La Fiscalía menciona en el escrito que el recurso tiene por objeto que el Tribunal de Impugnación case la sentencia y resuelva el caso con adecuación a la correcta interpretación de los hechos.

Para ello, solicita que se revoque la decisión del Tribunal de Juicio, dejando sin efecto la absolución y en su lugar, se dicte sentencia condenatoria a Rómulo Segovia y se le imponga la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial para prestar empleo o cargo en las fuerzas de seguridad del Estado Provincial por el doble tiempo de la condena, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de vejaciones agravadas por la violencia, en concurso ideal con lesiones graves.

Sostiene el texto del recurso interpuesto que, durante la audiencia de debate, a través de los alegatos de la defensa, se plasmó una versión tergiversada de los hechos, la cual fue admitida por el Tribunal al momento de dictar sentencia.

Se hace mención además, a lo sostenido por el Tribunal, en cuanto a que se tuvo por comprobado que el arma desde donde salió el disparo que hirió al joven de 19 años era la escopeta encomendada al oficial subayudante Rómulo Segovia, de acuerdo al libro de guardia y entrega de armas, único imputado, al que el Ministerio Público Fiscal considera como el autor.

En el recurso interpuesto se pone de manifiesto que el Tribunal dictó sentencia absolutoria a favor de Rómulo Segovia al entender que los funcionarios policiales actuaron en cumplimiento del deber y en legítima defensa.

Por su parte, la Fiscalía de Derechos Humanos afirma que para la aplicación del inciso 6° del artículo 34 del Código Penal, respecto a la legítima defensa como causa de inimputabilidad, es necesario que se den ciertos requisitos, tales como agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla y falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. Recalca que no se tuvo por probado que los otros jóvenes implicados en el hecho iniciaron el conflicto e incluso se demostró que la víctima jamás agredió al personal policial. Agrega que para que esa defensa sea legítima debe haber sido ejercida por el sujeto que no haya estado obligado a realizar otra conducta menos lesiva, en lugar de la conducta típica.

En ese sentido, la Fiscalía entiende que el Tribunal ha realizado una errónea valoración en las pautas de formación de convicción al momento de valorar la prueba y reconstruir los hechos y aplicar el derecho, descartando el material probatorio.

Absolvieron a los cinco policías juzgados por varios hechos de violencia institucional