Tartagal: Condenado por vender un automóvil con documentación apócrifa

Ocurrió el pasado mes de agosto, cuando un hombre compró un automóvil y el vehículo le fue retenido por Gendarmería al detectar que la documentación era falsificada. Al momento de la detención del acusado, éste estaba en posesión de otro vehículo en las mismas condiciones. 

El fiscal penal 2 de Tartagal, Rafael José Medina, representó al Ministerio Público Fiscal ante la Sala I del Tribunal de Juicio de ese distrito, en la audiencia de juicio abreviado contra Roque Aníbal Oviedo por los delitos de estafa y falsificación de documento privado en concurso ideal.

El 12 de agosto pasado, un hombre compró al acusado un automóvil sin percatarse de que éste tenía adulterado el número de chasis y motor y que la documentación que le había entregado, era apócrifa.

La situación se evidenció cuando personal de Gendarmería Nacional detectó la situación y retuvo el vehículo y ante el reclamo del comprador, el acusado pretendía entregarle otro vehículo para compensarlo.

Al intervenir Personal de la Brigada de Investigaciones, se detuvo al acusado y se verificó que el segundo vehículo presentaba las mismas irregularidades que el primero y se procedió a su secuestro.

El juez Aníbal Burgos, luego de recibir la confesión de Oviedo, le impuso el cumplimiento de una pena de 3 años de prisión de ejecución condicional y al cumplimiento de reglas de conducta.

Condenaron al hombre denunciado por estafar con la promesa de viviendas sociales

Tras permanecer nueve meses detenido, Matías Alejandro Macedo admitió ser responsable de simular tener contactos con funcionarios de organismos provinciales y de un sindicato a nivel nacional para entregar adjudicaciones de viviendas sociales a cambio de importantes sumas de dinero. Además, confesó haber confeccionado y utilizado documentos privados con sellos y membretes de aquellas instituciones, las que entregaba a los damnificados como constancias del pago.

La fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia mediante trámite abreviado en la que Matías Alejandro Macedo fue sentenciado a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional, la reparación económica del daño causado a las víctimas y reglas de conducta.

Macedo llegó al juicio luego de estar nueve meses detenido en la Alcaidía General de la Ciudad de Salta y aceptó su responsabilidad en los seis hechos de estafa; falsedad de instrumento público y falsedad de instrumento privado (cuatro hechos), de los que lo acusó la fiscal Salinas Odorisio.

Como parte del acuerdo alcanzado, y teniendo en cuenta que permaneció privado de su libertad desde su detención el 19 de enero pasado, el condenado resarció económicamente a las víctimas de sus estafas.

La causa

El 19 de enero pasado, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, radicó denuncia al tomar conocimiento sobre una maniobra que realizaba Macedo, invocando tener influencias en el Poder Ejecutivo Provincial para, a cambio de sumas de dinero, gestionar la adjudicación de una vivienda del IPV.

Horas más tarde, la mujer damnificada, también realizó la denuncia al darse cuenta del engaño del que era víctima desde 2019.

Durante la investigación realizada por UDEC, se pudo determinar que Macedo había operado de la misma manera con dos conocidos del colegio secundario, a quienes les ofreció gestionar con supuestos contactos en un gremio a nivel nacional, la adquisición de una vivienda social a cambio de sumas de dinero, lo que nunca se concretó. El mismo modus operandi fue empleado para estafar a un hombre que trabajaba en el Hospital San Bernardo.

En otro hecho, recibió en préstamo una camioneta de parte de un conocido para que trabaje, y luego, con falsas promesas, ofreció a su propietario gestionar su venta, para lo cual entregó documentación apócrifa a nombre del Gobierno Provincial por una supuesta compra, que resultó ser falsa y no restituyó el vehículo a su dueño ni rindió su producido.

Tras reunir todas las pruebas necesarias, la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, acusó al hombre de los delitos de estafas reiteradas (6 hechos), falsedad de instrumento público y falsedad de instrumento privado (cuatro hechos).

 

Un detenido: El Gobernador denunció estafa con la promesa de viviendas sociales

Condenaron a dos mujeres por falsificar un boleto de compraventa de una vivienda

Una mujer que había adquirido una vivienda en 2009, debió luego iniciar un juicio de desalojo para recuperarla. Cuatro años después se enfrentó a un intento de usurpación respaldado por un boleto de compraventa falsificado. 

La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia debate que se desarrolló en la Sala 3 del Tribunal de Juicio.

Tras la presentación de las pruebas reunidas en la etapa de investigación por la UDEC, Mirta Elizabeth Anze Villena y Ana Lisa Montiel a la pena de dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional por ser autoras de los delitos de estafa procesal en grado de tentativa y falsificación de documento privado en concurso real.

La intervención de la UDEC inició con la denuncia radicada por una mujer que adquirió una vivienda en calle Zuviría al 1500 en el año 2009. En diciembre de 2011 tomó conocimiento de que tres personas habían habían ingresado sin autorización al inmueble, obligándola a iniciar un juicio de desalojo que se tramitó en el Juzgado Civil Y Comercial 2, obteniendo sentencia favorable y logrando que el inmueble se le restituyera.

Cuatro años más tarde, en febrero de 2017, la denunciante fue notificada de una audiencia en el Centro de Mediación del Poder Judicial con dos de las mujeres que habían sido desalojadas en 2012. Allí, su abogado fue informado de la existencia de un boleto de compraventa supuestamente completado y firmado por ella a favor de las mujeres, quienes reclamaban la propiedad del inmueble.

Desde UDEC se inició una investigación, determinando la pericia caligráfica efectuada por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales que “del estudio comparativo entre los elementos dubitados, consistentes en la firma del boleto de compraventa y del contrato de locación y las firmas indubitadas del cuerpo de escritura y del DNI de la denunciante, surge que no guardan relación grafo-estructural entre ellas, observando diferencias en su formato y en los patrones gráficos mencionados”.

Por otra parte, se pudo establecer que en 2014, Anze Villena y Montiel se habían presentado ante una escribana pública en supuesto carácter de locatarias del inmueble, solicitando que se deje constancia del estado del mismo y de todo lo que ellas mejoraron o incorporaron al inmueble para hacer posible su ocupación, agregando fotografías para que se incorporen al primero testimonio.

La fiscal Salinas Odorisio consideró que todo ello demostró las intenciones de las acusadas de hacer pasar por cierto el hecho de que eran locatarias del inmueble mencionado y así reforzar sus falsas pruebas para hacer incurrir en error al juez civil para que declare la nulidad de los juicios iniciados en su contra por la damnificada.

 

Imputado por vender seguros falsos y adulterar documentación

El modo de obrar del acusado habría consistido en utilizar engaños y ardides, utilizando formularios y comprobantes apócrifos, para afiliar a los damnificados, obteniendo como contrapartida determinadas sumas de dinero en concepto de cuota inicial y mensual. Se solicitó prisión preventiva.

El fiscal penal 5, Federico Jovanovics, imputó de manera provisional por la presunta comisión del delito de  estafas reiteradas y falsificación de documento privado en concurso real, a un hombre de 52 años.

De acuerdo a las constataciones efectuadas, el acusado habría realizado afiliaciones a particulares, mediante el uso de formularios apócrifos en los que decía pertenecer a una empresa de seguros, como a un supuesto grupo empresario inexistente, para luego hacerse del dinero de las afiliaciones y cuotas.

Su procedimiento habría consistido en pasar a cobrar a los domicilios de los damnificados, entregando recibos sin valor alguno y haciéndose pasar como vendedor de servicios de sepelio y en cuyos membretes de los formularios que entregaba, se consignaban los nombres de la empresa y el supuesto grupo, como prestatarios del servicio.

El hombre habría operado mediante engaños y aprovechándose de su conocimiento  para la venta de seguros de sepelios, puesto que trabajó muchos años en una reconocida empresa local, de la que fue desvinculado.

El accionar del acusado no sólo quedó acreditado por el relato de los damnificados y la dueña de la empresa de seguros, sino también por los elementos hallados al momento de producirse el registro en su domicilio, tales como formularios, folletos, entre otros.

De uno de los informes del Cuerpo Especializado de Investigadores (CEI), se supo que dos de las damnificadas se presentaron en la empresa local de servicios de sepelio para requerirlos, ya que habrían sido contactadas por el acusado en noviembre de 2022, el que las habría incorporado como beneficiarias de dichos servicios y su correspondiente cobertura.

En una de las oportunidades, el acusado les habría ofrecido, además, cobertura de servicios de salud, a través de una tercera empresa en la que trabajaría su esposa. Los pagos efectivizados constaban de una cuota inicial de $1000 y cuotas mensuales de $5000. El acusado,  también, habría emitido recibos por los pagos, a nombre del supuesto grupo empresario y facturas a nombre de un tercero, las que se encontraban vencidas desde abril de 2017.

Las damnificadas radicaron la correspondiente denuncia en la página de denuncias web del Ministerio Público Fiscal.

Durante la audiencia de imputación, el acusado se abstuvo de declarar. Por su parte, el fiscal Jovanovics solicitó ante el Juzgado de Garantías en turno, la prisión preventiva.