Nueva jornada de formación en Delitos Económicos para personal del Ministerio Público Fiscal

En el segundo semestre del año se desarrollarán talleres prácticos con el objetivo de dotar a profesionales, administrativos e investigadores de herramientas que permitan la resolución de casos de manera eficiente.

Esta mañana se llevó a cabo en el salón de la Escuela del Ministerio Público el segundo módulo de las Jornadas de Actualización 2024 en Delitos Económicos, organizadas por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) y destinadas a auxiliares de fiscalía, empleados administrativos, abogados y otros profesionales del Ministerio Público Fiscal de Salta.

Durante su exposición, la coordinadora del Gabinete de Delitos Económicos del CIF, Claudia Jarrúz, expuso sobre defraudación por administración fraudulenta, técnicas de investigación empleadas, manejo de fuentes formales y documentación; destacando la importancia de establecer protocolos y planes de trabajo para optimizar los tiempos y recursos empleados.

Tras el análisis de casos, se acordó el desarrollo de talleres prácticos en la segunda etapa de las Jornadas, que se llevarán a cabo durante el segundo semestre del año, con el objetivo de dotar al personal de las fiscalías penales y del Cuerpo Especializado de Investigadores (CEI), de herramientas que permitan una investigación efectiva basada en las pruebas recolectadas.

Es importante recordar que en el primer módulo de la capacitación, impartido el miércoles 17 de abril, los asistentes recibieron formación en delitos contra la propiedad, estafas simples y complejas, elementos probatorios, daño económico y patrimonial.

 

 

 

 

Formación en delitos económicos para profesionales del Ministerio Público Fiscal

El taller estará a cargo de personal del Gabinete de Delitos Económicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y se desarrollará en dos etapas. La primera cuenta con dos módulos e iniciará el miércoles 17 de abril.

El miércoles 17 de abril iniciarán las Jornadas de Actualización 2024 en Delitos Económicos, organizadas por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) para auxiliares de fiscalía, empleados administrativos, abogados y otros profesionales del Ministerio Público Fiscal de Salta.

La capacitación será impartida por el personal del Gabinete de Delitos Económicos del CIF y se llevará a cabo en dos módulos que se dictarán este miércoles y el 24 de abril, de 8:30 a 10 horas, en el salón de la Escuela del Ministerio Público.

En la primera jornada se tratará la temática de Delitos contra la propiedad, centrándose en estafas simples y complejas, y abordando los elementos, pruebas, daño económico y patrimonial. Por otro lado, en la segunda jornada, se ofrecerá formación en Técnicas de Investigación que incluirá el manejo de fuentes de información, documentación y un caso práctico.

El curso se realizará en modalidad híbrida, con clases presenciales para el personal del Distrito Judicial Centro (excepto Cafayate) y a través de la plataforma Zoom para los demás participantes.

Los informes de la Auditoría General serán elementos de prueba en investigaciones penales y juicios

Es uno de los fines del convenio firmado entre el Ministerio Público Fiscal de Salta y la Auditoría General, que tiene como objetivo principal, la capacitación de auditores de campo, en materia de delitos económicos.

El procurador general, Abel Cornejo y el presidente de la Auditoría General de la Provincia, Gustavo Ferraris firmaron un convenio de complementariedad destinado a la  capacitación de auditores de campo en materia de delitos económicos. La capacitación estará a cargo de fiscales especializados. Permitirá que los auditores de campo tengan herramientas legales para reunir documentación precisa, la que posteriormente podría convertirse en la prueba que acompañe las denuncias que el organismo realiza cuando detecta la posible comisión de delitos en perjuicio de la hacienda pública.

“El convenio implica el acceso a una capacitación que permitirá que los informes técnicos de la Auditoría tengan una coincidencia, en cuanto a su elaboración, con los parámetros legales; porque muchas veces el accionar de la Auditoría contiene imperfecciones técnicas que le quitan sustentabilidad en el ámbito judicial y tratamos de orientar el trabajo de campo de los auditores, cuando salen a hacer sus tareas contables y financieras, hacia una estructura legal y de normas procesales, de manera que sirvan como elementos de prueba en juicio y tengan una coincidencia técnica con los presupuestos legales”, explicó Ferraris.

La Constitución Provincial establece que la Auditoría tiene legitimación para comparecer en juicio por sí misma y en representación del Estado, en los casos que se detecte y en virtud de las funciones atribuidas por la Carta Magna y las leyes vigentes, el posible daño patrimonial al Fisco. Además, la Ley Nº 7103, establece que la Auditoría puede actuar como sustentadora y proveedora de pruebas.

La AGPS realiza las auditorías financieras, de legalidad y de gestión de las entidades bajo su control, así como la evaluación de los programas, proyectos y operaciones financiadas con fondos propios de la provincia, o provenientes de financiamiento nacional o internacional.